La clase política ecuatoriana no descansa: la polémica por la legalidad de la consulta popular para establecer una Asamblea Constituyente continúa vigente, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional ha decidido intervenir y el presidente del Gobierno, Rafael Correa, empieza a proponer soluciones alternativas.

El pasada lunes, el Ejecutivo ecuatoriano explicaba en un comunicado que el conflicto entre el Congreso de la nación y el Tribunal Supremo Electoral por la destitución, primero, del presidente del organismo, y después, de los 57 diputados que habían apoyado la moción, afecta sólo al ámbito de estos dos organismos, "que deberán encontrar sus cauces de solución a través de los instrumentos e instancias jurídico institucionales ecuatorianas".

El comunicado, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, exponía que el Gobierno "se limitará a velar por el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes del país, al tiempo que garantizará la plena vigencia en el Ecuador de los derechos políticos y el estado de derecho, así como la paz y el orden público".

Los grupos indígenas y los estudiantes, a favor del presidente, denunciaron que los diputados que la semana anterior habían aprobado la sustitución del presidente del Tribunal Electoral, Jorge Acosta, y que habían sido cesados por ese mismo organismo, buscaban "desestabilizar la democracia" al impedir el referéndum convocado para el próximo 15 de abril.

El dirigente de la formación indígena Pachakutik, Guilberto Talahua, declaró al respecto que "queremos alertar al pueblo ecuatoriano que algunos sectores de la oligarquía estarían maniobrando actos autoritarios para captar el poder fuera de las instituciones democráticas, y tal vez hasta asesorados externamente". Talahua expresó que la mayoría de ecuatorianos "está de acuerdo con la convocatoria a consulta popular y dispuesta a defender el proceso democrático de la Asamblea Constituyente (...) para buscar cambios profundos en la estructura y forma de gobernar del Estado".

Por su parte, el director de la formación izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD), Ciro Guzmán, afirmó que su partido prepara una campaña a favor del sí en la consulta popular que, si no hay cambios, se llevará a cabo el próximo 15 de abril, para "derrotar a la oligarquía que, desde el Congreso y otros organismos ha pretendido frenar la realización de la consulta popular".

Después de esto, el presidente del Congreso ecuatoriano, Jorge Cevallos, pedía al Tribunal Constitucional (TC) de Ecuador que estableciera la legalidad o no de la consulta popular convocada para el próximo 15 de abril.

Además, el organismo deberá pronunciarse sobre los dos acontecimientos que esta semana han acentuado las opiniones de que en breve se desatará una crisis política en la nación latinoamericana: la decisión del Congreso de destituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral y la respuesta del organismo en forma de cese de los 57 diputados que apoyaron esta moción, además del cese de sus derechos políticos por espacio de un año, lo que les impediría participar en la hipotética Constituyente.

Ahora, el TC deberá asignar la sala a cargo de la cual quedará la demanda de inconstitucionalidad y analizará si es competente para establecer la legalidad tanto de la destitución del presidente del Tribunal Electoral como de los 57 diputados del Congreso.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, declaraba en respuesta a la petición de Cevallos que "no acogerá un pronunciamiento que bloquee la consulta".

Los incidentes no acababan en el ámbito institucional: al menos cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de los incidentes que se provocaron el pasado martes en la puerta del Congreso de Ecuador, cuando parte de los diputados destituidos pretendieron entrar mientras fuerzas policiales se lo impedían.

Después de los enfrentamientos, se informó de que uno de los diputados había sufrido severas contusiones en la columna vertebral al ser golpeado por un policía, versión que desmintió un portavoz de los agentes, que afirmó que el diputado se había causado las heridas al caer de un muro cuando trataba de entrar por la fuerza en el Congreso. El motivo de los enfrentamientos ha sido el intento de los diputados por celebrar la sesión convocada ayer tarde, que sin su presencia se desconvocó por falta de quórum.

El último capítulo, de momento de esta polémica, ha sido protagonizado por el presidente Correa, que ha anunciado que podría convocar un congreso extraordinario para solventar la crisis política que vive el país, aunque ha subrayado que la nación no atraviesa por un "quiebre institucional".

Según afirmaba el presidente, "no quisiéramos inmiscuirnos, pero si por las manipulaciones de siempre no se logra reunir el Congreso, no excluimos la posibilidad, por las funciones que la Constitución otorga al presidente, de que sea el presidente quien convoque a un congreso extraordinario para que se principalicen los diputados suplentes y siga funcionando el Congreso".

Sin embargo, el presidente del Congreso, el opositor Jorge Cevallos, declaraba que la Carta Magna "es muy clara: él puede convocar a un congreso extraordinario sólo cuando el Congreso Nacional se encuentra en receso. Tendría que esperar hasta el mes de junio". La Constitución establece que el presidente del Gobierno puede convocar sesiones extraordinarias siempre y cuando especifique los asuntos a tratar.

Correa se ha declarado partidario de sustituir a los 57 diputados cesados por destituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral para que así se puedan reanudar las sesiones del Congreso con normalidad.

Caos económico. Por otro lado, Correa se ha visto obligado a desmentir que su Gobierno fuese a ordenar una intervención de los bancos y una congelación de capitales, lo que se conoce como "feriado bancario" y ha acusado a la oposición de querer sembrar el caos en el país con rumores de que el Ejecutivo podría suspender las operaciones de los bancos para evitar su caída por una retirada masiva de capitales, algo que no va a ocurrir, según el mandatario.

Correa, que ha tachado a la oposición de "irresponsables, antipatrias y mentirosos" ha afirmado que "no hay, no habrá y jamás permitiremos que haya otro feriado bancario", ya que "aquí hay un Gobierno patriota que jamás volverá a permitir que se atraque a los ecuatorianos".

El mandatario también apuntó a la fuente de los rumores, "estertores de una clase política, de mafias de poder económico y político, que se niegan a morir y tratan de desestabilizar a su Estado". Las palabras del líder político fueron refrendadas por el superintendente de Bancos, Alfredo Vergara, quien declaró que "existe total estabilidad en el sistema financiero ecuatoriano", además de que, según la ley, ninguna autoridad podría declarar una congelación de depósitos del sistema financiero, ya que existe una disposición que lo prohíbe y penaliza.