Los errores burocráticos en los 44 contratos firmados por el Gobierno boliviano con las empresas petrolíferas que operan en el país y el hecho de que el Senado (que tiene que ratificar la ley que aprobará dichos contratos) esté controlado por partidos de oposición podrían dilatar el proceso hasta abril, poniendo en peligro los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con países como Argentina.

Según el presidente de la petrolera estatal boliviana YPBF, Manuel Morales Olivera, "la exportación de gas a Brasil está garantizada; lo que está en riesgo es la venta a la Argentina", debido a los errores que se han cometido en la redacción y tramitación de los 44 contratos petrolíferos, así como por la lentitud con la que se está llevando a cabo la tramitación de la ley que debe ratificarlos antes del 15 de marzo, y que aún no ha sido aprobada por el Senado de la nación.

Morales Olivera ha expresado que, por el retraso de la entrada en vigencia de los contratos, también se realizarán de forma tardía las inversiones, lo que podría afectar a la producción de gas. Bolivia vende a Argentina entre cuatro y cinco millones de metros cúbicos de gas diarios, aunque se ha comprometido a aumentar esta cantidad a 7,7 millones este año, a 16 millones en 2008 y a 28 millones a partir de 2010.

De forma paralela, el Senado de Bolivia, controlado por una mayoría opositora, declaraba que hasta abril no entrará en vigencia la ley de enmienda que debe ratificar los 44 contratos suscritos entre la petrolera estatal YPFB y las multinacionales del sector que operan en el país.

Los senadores opositores han afirmado que aprovecharán la oportunidad para hacer una "revisión completa y minuciosa" de los acuerdos firmados con las empresas petrolíferas Petrobras (Brasil), Repsol-YPF (España) o Total (Francia).

Según el senador Carlos D´Arlach, que también es el presidente de la comisión de desarrollo económico de la cámara, "el informe sobre la ley de enmienda de los ´petrocontratos´ será presentado al plenario del Senado el día 29 de marzo, luego de una exhaustiva revisión y ajustes". Además, la comisión podría dividir la ley de enmiendas en 44 leyes, una por contrato, lo que obligaría a devolver el proyecto al Congreso durante los primeros días de abril, con la consecuente demora.

Los contratos objeto de revisión, mediante los cuales las compañías petrolíferas internacionales que operan en el país dejarán de ser propietarias de la producción para convertirse en operadoras al servicio de YPFB, se firmaron a finales de octubre pasado y fueron ratificados por el Congreso apenas un mes después. Ahora es necesaria la ratificación del Senado, controlado por la oposición.

A finales de semana, se añadía una nueva polémica a las tan traídas y llevadas nacionalizaciones boliviana, ya que se hacía público que la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa) ha pagado a una asesoría estadounidense para que oriente al Gobierno de Bolivia en la redacción y ratificación de la ley de nacionalización y de los contratos, con el consiguiente enfado de la oposición, que no entiende por qué Pdvsa "nos tiene que estar poniendo abogados".

El senador Óscar Ortiz, de la formación de oposición Podemos, afirmaba que "el Congreso, el año pasado, había autorizado transferencias millonarias a YPFB (la empresa estatal petrolífera del país) para que pueda implementar el decreto de nacionalización, por qué una empresa, que en muchos lugares incluso llega a ser competencia de nosotros tiene que estar poniendo a estudios jurídicos internacionales para dirigir nuestras negociaciones".

Reelección... ¿o no?. La otra polémica de la semana procede de la posibilidad de que el mandatario boliviano, Evo Morales, pudiera presentarse a la reelección en una hipotéticas elecciones generales adelantadas a 2008, algo que afirmaba el pasado martes el portavoz de la Presidencia, Álex Contreras.

Según Contreras, "si las organizaciones sociales le proponen como candidato en las elecciones, va a aceptar", aunque esa opción "depende mucho" de dichas organizaciones, ya que en Bolivia la Constitución impide presentarse a la reelección.

La oposición, que aún no ha presentado a su candidato aunque ya ha anunciado su voluntad de formar una coalición para derrotar al actual mandatario, ha criticado la posibilidad de que Morales se presente de nuevo, ya que, dicen, sólo quiere extender su mandato.

El actual Gobierno debería concluir sus funciones en 2011, pero el presidente ya anunció en agosto de 2006, cuando inauguró la Asamblea Constituyente, que ponía su cargo a disposición de este organismo en el caso de que decidiera adelantar las elecciones para convocarlas bajo la nueva Constitución.