Posiblemente, Rafael Correa no pensaba cuando juró su cargo como presidente de Ecuador, el 15 de enero pasado, que su propuesta de realizar un referéndum para que el pueblo decidiese la instauración de una Asamblea Constituyente que "rehiciese" todo el sistema político de Ecuador y redactase una nueva Constitución, acabaría con el Congreso suspendido durante 15 días y los sectores sociales partidarios y detractores enfrentados en las calles.

Una de las primeras decisiones que tomó el presidente fue establecer la consulta popular, amparándose en la facultad, otorgada por la actual Constitución, de poder convocar un plabiscito para "asuntos de trascendental importancia". Al contrario, los grupos de oposición alegaron que, puesto que una Asamblea Constituyente implicaría una reforma constitucional, cualquier consulta popular al respecto necesitaría la aprobación de la mayoría del Congreso.

Ese fue el pistoletazo de salida. Después, la propuesta que Correa envió al Tribunal Electoral para que éste convocase el referéndum fue remitida por el organismo al Congreso para que los diputados la votasen, algo que no hicieron hasta el 19 de febrero, cuando fue aprobada. Sin embargo, los diputados establecieron que la Asamblea no tendría poder para renovar las instituciones, surgidas de forma democrática en las últimas elecciones, sino sólo reformar la Constitución.

Sin embargo, no terminaron ahí los problemas, ya que después de la aprobación, el presidente del Congreso ecuatoriano, el opositor Jorge Cevallos, informó de su intención de interponer un recurso de inconstitucionalidad al referéndum, a pesar de que dicho recurso pudiera ser extemporáneo, ya que su tramitación puede alcanzar los 45 días, lo que superaría la fecha prevista para la consulta.

La verdadera crisis comenzó unos días después, el pasado 6 de marzo, cuando el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, apoyado por 57 de los 73 diputados presentes en la Cámara en el momento de la votación, decidió cesar al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, por realizar la convocatoria al plebiscito. Sin embargo, el Tribunal, que consideró esta resolución como un intento de entorpecer el proceso de consulta, no sólo no la hizo efectiva, sino que tomó la decisión de cesar a los 57 diputados que habían apoyado la moción.

Por este motivo, debido a la falta de quórum que causó en la Cámara la destitución de los funcionarios (el Congreso no puede llevar a cabo la sesión si no hay al menos 51 diputados de los 100 que son en total), las sesiones legislativas han estado suspendidas en Ecuador durante casi dos semanas, a lo largo de las cuáles, las movilizaciones sociales, los enfrentamientos entre partidarios del Gobierno y de la oposición, e incluso los disturbios, cuando los diputados cesados intentaron entrar en el Congreso y para ello se enfrentaron con la policía que custodiaba el edificio, han sido la tónica general de la política ecuatoriana.

Finalmente, todo se ha solucionado, al menos de momento, esta semana. En la madrugada del pasado martes, unos 17 diputados suplentes entraron en el Congreso escoltados por la policía, que a continuación formó un cordón alrededor de la Cámara, para impedir que los funcionarios cesados consiguiesen entrar e impedir la sesión. A la hora estipulada, 20 suplentes juraron sus cargos, lo que permitió el inicio de la sesión con 65 diputados de un total de 100.