Latifundistas, inversores privados y opositores políticos: nadie se ha quedado al margen de las críticas del presidente Hugo Chávez durante esta semana. Es decir, o con Chávez o contra él.

El próximo 19 de abril se cerrará el plazo para unirse al Partido Único Socialista de Venezuela (PSUV). Después de esa fecha, “Nosotros vamos a seguir adelante", declaró un portavoz del partido. La formación única revolucionaria, según las palabras de su creador, tiene como objetivo unificar “grupos, comandos y comanditos en una sola gran estructura, muy disciplinada, como si fuera un gran ejército".

Las formaciones reticentes son Podemos, los socialdemócratas de izquierda que gobiernan tres de las 24 regiones del país, Patria Para Todos (PPT), una fuerza de cuadros de raíz obra que gobierna dos regiones, y el Partido Comunista (PCV). Mientras los tres partidos no consiguen tomar una decisión de unirse a la propuesta de Chávez, muchos de sus dirigentes regionales ya han renunciado a su militancia para integrarse en la organización del PSUV.

Este no ha sido el único frente de batalla del presidente. Chávez, dirigiéndose a los latifundistas, declaró: "Esto es un atentado al interés nacional, esto viola la Constitución, las leyes y todo los principios de la justicia, del derecho, de la seguridad y soberanía del país". El pasado domingo, el presidente promovió la expropiación de 16 haciendas ganaderas.

Los 300.796 hectáreas de tierra “ociosa” recuperada pasarán a ser propiedades sociales, bajo el control de cooperativas agropecuarias. Según fuentes institucionales, el 49% de las propiedades expropiadas será entregado a campesinos, el 40% a proyectos estatales de desarrollo agrícola y el 11% restante a cooperativas. Siempre según cifras oficiales, el Gobierno ha ocupado 1,9 millones de hectáreas de terrenos improductivos, pero algunos propietarios se han quejado de que las acciones oficiales se realizaron sin que mediara un proceso judicial.

El Gobierno de Venezuela intentó, además, convencer a los trabajadores de que la gestión conjunta entre el Estado y las empresas públicas tendrá éxito. La cogestión, según las clase dirigente, es una vía alternativa generadora de productividad, mientras que en el sector privado la situación es muy diferente.

Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco), durante el año pasado 84 empresas reabrieron sus puertas, 74 están recuperando su capacidad ociosa y 483 abrieron nuevas líneas de producción, gracias a la promoción de novedosas formas productivas.

Mientras, el empresariado organizado denunció que los índices oficiales en materia económica son cada vez menos transparentes y no se corresponden con la realidad. El presidente de Fedecámaras, José Luis Betancourt, precisó que la producción interna “sigue siendo deficiente de acuerdo a las necesidades que hoy está solicitando el mercado venezolano y, además, se siguen incentivando las importaciones como único mecanismos de abastecer al mercado”.

Entre tanto, las asociaciones de transporte público organizaron una huelga para pedir más seguridad y mejores condiciones de trabajo. Los transportistas piden tarjeta inteligente para los conductores, solucionar problemas en el otorgamiento de créditos, mayor seguridad y más unidades debido al mal estado de las que transitan actualmente.