Fuentes de la oposición de Bolivia ha asegurado a Americaeconomica.com que las seis regiones bolivianas opositoras al presidente Evo Morales, se han revelado contra él, y han rechazado los referendos constitucionales que el oficialismo aprobó la semana pasada, al mismo tiempo que han asegurado que las consultas populares de autonomía de sus regiones siguen en pie, y se realizarán el próximo 4 de mayo, fecha de la consulta constitucional.

Habrá que esperar al próximo 4 de mayo para ver que es lo que sucede pero tal y como están las cosas en el país puede que Evo tenga que buscar una solución antes de que este día se desate el desorden en Bolivia, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Además, las fuentes de la oposición boliviana consultadas por este diario han asegurado que Evo lleva dos años comentando en los medios de comunicación que tiene las puertas abiertas para dialogar con ellos, pero son declaraciones de cara a los medios porque nunca les ha llegado esta intención de manera oficial. Estas declaraciones se producen un día después de que el Gobierno de Bolivia afirmase su voluntad de dialogar con la oposición sobre los dos referendos convocados para autorizar la Constitución del país.

David Choquehuanca, canciller de Bolivia, aseguró que Evo Morales ha convocado a la oposición a dialogar y que van a insistir en ello para poder buscar una solución a la situación de su país, pero según confirman las fuentes consultadas por este diario a ellos no les ha llegado ninguna invitación por parte del Gobierno.

El partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó el pasado jueves en el Congreso la convocatoria de los dos referendos que son necesarios para que la nueva Carta Magna, que promueve Evo, sea autorizada.

El pasado miércoles el Gobierno boliviano, a través de su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que si la oposición del país rechaza las elecciones de consejeros departamentales que Evo Morales solicitó mediante el envío de un proyecto de ley al Congreso, significará que estos opositores no quieren más democracia para la nación.

Sobre este asunto, Quintana agregó que el Ejecutivo cree que la voluntad popular y el grado de conciencia de los ciudadanos respecto de un riesgo inminente de fractura en la unidad nacional, debería obligar a la ciudadanía a contener las actitudes fratricidas (quien mata a sus hermanos) que según él, mantiene la oposición al rechazar las normas sobre la Constitución y las autonomías.

Por su parte, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, solicitó al Gobierno que acepte la mediación de la Iglesia, en aras de preservar la paz del país, tras el reciente rechazo de varias regiones a las leyes promulgadas la semana pasada por Morales, que convocan referendos para el 4 de mayo sobre la Constitución oficialista e ilegalizan las consultas populares autonómicas.

Además, la oposición ha señalado que esas leyes y la Constitución oficialista fueron aprobadas de forma ilegal, que no las acatará, y que realizará de cualquier modo los referendos sobre los estatutos autonómicos. En este momento, analiza incluso la posibilidad de adelantarlos para el 27 de abril.

En ese marco, la presidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, urgió al Congreso a aprobar los nombramientos de los cuatro titulares que faltan en el organismo -tras la renuncia de igual número de miembros por un juicio planteado en su contra por el Gobierno-, al señalar que la falta de respuestas del Poder Judicial ante la crisis puede derivar en “una guerra civil”.

Pero Evo no se da por vencido y continúa con la puesta en marcha de su estrategia para fidelizar a sus votantes, esta vez con la aprobación de una ley que obliga a los empresarios a aumentar un 10% el salario mínimo de sus trabajadores.

Los empresarios, por su parte, ya han rechazado esta medida, y han asegurado que la impugnarán ante el Tribunal Constitucional.

La obligatoriedad, sin embargo, no rige para todo el sector público ya que sólo el magisterio, el sector salud, la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) tendrán un aumento salarial.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, manifestó en tono molesto que el sector privado no necesita de decretos para aumentos salariales, y aseguró que esta medida era del todo injusta porque se había aprobado sin mirar cómo están las empresas, sin saber cómo están sus trabajadores, y sin saber que con esta nueva ley incentivan el desempleo. Por este motivo, Dabdoub anunció que, al igual que en la gestión pasada, impugnarán este decreto ante el Tribunal Constitucional.

Pero esta no es la primera medida que el mandatario boliviano toma para tener contentos a sus votantes, que en su inmensa mayoría son gente humilde y trabajadores, ya que, desde principios de año, Morales ha tomado diversas decisiones en materia económica que favorecen a estos sectores.

Hace sólo tres semanas, Evo anunció, por ejemplo,  que los obreros independientes de Bolivia de bajos ingresos podrían acceder al cumplir 60 años de edad a una pensión de jubilación equivalente al salario mínimo, 567 bolívares (52,69 euros).