El Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó la semana pasada Nicaragua para revisar el Programa Económico trianual de Daniel Ortega. Los nicaragüenses están preocupados porque uno de los acuerdos a los que llegaron era aprobar la Ley para la distribución y uso responsable del servicio eléctrico, cuyas condenas están en el nuevo Código Penal que Ortega se niega a publicar.

La excusa del presidente sandinista es que el Parlamento le ha enviado la ley con sustanciales cambios a lo que en realidad se aprobó. Los legisladores temen que pasen los sesenta días de plazo, y el nuevo Código Penal quede sin vigencia, y por lo tanto no se condenarían a los que roban energía, uno de los problemas que más afecta al sector energético.

Nicaragua se comprometió con el FMI a combatir ese delito estableciendo en el proyecto castigos administrativos y penales, que irían desde multas de 1.000 días de salario hasta cárcel por cinco años.

José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, aseguró que de no publicarse el Código Penal no existirían condenas y podrían arriesgarse a que el FMI les suspenda la financiación.

Los empresarios del sector energético también presionan para que se apruebe la ley de regulación ya que es lo que crea el ambiente de confianza para que la inversión llegue a un país. Con ese vacío legal, el país centroamericano también se arriesga a que otros países a los cuales han pedido financiación se nieguen a dársela.

Para los empresarios es necesario que los grandes consumidores de electricidad paguen la energía que consumen. También añaden que el Gobierno debe buscar formas para solucionar el problema de los asentamientos, donde gran cantidad de los ciudadanos roban energía.