La aprobación de las normas que regularán la nacionalización de los hidrocarburos forzará cambios en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), un instrumento financiero público, creado para asegurar una pensión permanente a todos los bolivianos mayores de 65 años, conocida con el nombre de 'Bonosol' y que asciende a unos 240 euros anuales, más una cantidad similar para cubrir el entierro del beneficiario.

Este Fondo fue creado por el Gobierno de Gonzálo Sánchez Lozada en su primera etapa presidencial (1993-1997), como parte de un peculiar sistema de privatización de empresas de sectores estratégicos. Una privatización que, por fortuna, en opinión de fuentes del Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido de Evo Morales, no llegaría a completarse en los términos en que estaba prevista

Para realizar esta operación se aplicó el siguiente esquema: unas ampliaciones de capital en las que los socios internacionales capitalizaron el fondo, que además obtuvo la titularidad del 49% de las acciones de las compañías privatizadas.

La gestión fue encomendada a AFP privadas que tenían la obligación de pagar el Bonosol. Para hacerlo, contaban con los dividendos. En un principio las dos AFP que operaban en Bolivía, eran propiedad de dos bancos españoles, Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria. Luego tras la fusión de ambas, el BBVA vendió una de ellas al grupo asegurador Zurich.

Ahora, según el decreto, YPFB adquiriría el derecho de gestión de estas participaciones, como usufructuario, y se encargaría de pagar los dividendos para que las pensiones no dejaran de abonarse.

Pero hay asuntos que resolver, como las posibles compensaciones a los partícipes de los Fondos de Capitalización Individual (FCI) que tuvieron que comprar títulos del FCC en 2002 para impedir que éste se quedara entonces sin liquidez. Esta es la critica principal de algunos líderes del movimiento ciudadano de Santa Cruz al proyecto de nacionalización de los hidrocarburos.

Desde aquí, en cualquier caso, se pospone la opinión hasta que se sepa cuales son las intenciones del Gobierno sobre los fondos de pensiones públicos. Pero se advierte que algunas cuotas, y participaciones accionariales, no pertenecen ya al conjunto de los bolivianos porque salieron del FCC para formar parte del FCI (similar al resto de los fondos de esta clase que se conocen, como los de Chile).

Por eso, según este razonamiento, las participaciones accionariales serían ahora de particulares concretos. Que tendrían que ser compensados.