La comunidad india boliviana está a favor de la nacionalización porque, según sus dirigentes, gracias a los beneficios que se consigan, Bolivia progresará, ya que, antes de la medida, las transnacionales sólo dejaban el 18% de sus ingresos al Estado.

La oposición tampoco ha tardado en dar su opinión sobre el nuevo decreto promulgado por Morales. Pide que el tema sea debatido en el Congreso y asegura que es urgente despejar una serie de dudas que se desprenden de la lectura de la medida y que aún no han sido aclaradas.

Además, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las empresas privadas del sector, emitió un duro comunicado en el que advirtió que el decreto de nacionalización altera de manera "unilateral, negativa y sustancial" las condiciones de las empresas dedicadas a la exploración, explotación, refino, transporte y comercialización de los hidrocarburos.

Pero Evo Morales hace caso omiso tanto a las críticas interiores como exteriores y asegura que no tiene miedo de las posibles demandas que puedan emprender ante los tribunales internacionales las empresas petroleras extranjeras que se vean afectadas por el nuevo decreto petrolero, impuesto el pasado 1 de mayo para nacionalizar los hidrocarburos.

Morales afirma así que el Ejecutivo podrá defender en cualquier tribunal los intereses del país. El presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, indica que el Gobierno e YPFB ya han recibido la comunicación de las empresas que trabajan en Bolivia donde exponen la intención de renegociar sus contratos con el Estado.

La brasileña Petrobras, principal afectada por la nacionalización, está obligada a vender o ceder el 50% más uno de sus acciones a YPFB en su división de refino, para que Bolivia recupere las dos refinerías que vendió en 1999 por 100 millones de dólares (79,17 millones de euros). Por este motivo ha anunciado la rescisión de sus inversiones en Bolivia. En el caso de la hispano-argentina Repsol YPF, también debe ceder parte de sus acciones para que YPFB controle Andina, la filial de Repsol YPF en Bolivia.

Alvarado insistió en que Bolivia se sentará a negociar con las empresas foráneas para tratar el sistema de trabajo a partir de ahora. Confirma que no piensan expulsar a las compañías, que van a continuar operando en el país con el mismo personal. Además, Alvarado añade que ya se ha garantizado la exportación de gas a Brasil y Argentina.

El Gobierno de Bolivia manifestó el primer día del decreto que no descartaba la posibilidad de expropiar a las empresas petroleras extranjeras que en los próximos seis meses no respetasen la decisión de nacionalizar los hidrocarburos del país. Además, el Ejecutivo indicó que penalizaría igualmente a las operadoras que no accedan a la renegociación de sus contratos con el Estado.

El vicepresidente de la República boliviana, Álvaro García, aseguró además que no espera que las empresas acepten el decreto supremo pero, sin embargo, confía en que las compañías petroleras que operan en el país respeten y se adecuen al citado decreto 28.701 en el plazo de 180 días. Gracias a la firma del decreto de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, el Estado retomará el control de la propiedad de los recursos energéticos del país.

Bajo la nueva normativa, las empresas que operan en Bolivia deberán entregar su producción a YPFB y regularizar su situación contractual. La medida implica que el Estado se hace cargo de la propiedad de los recursos energéticos y su comercialización, mientras las compañías extranjeras pasarán a ser meras operadoras.

Además, la petrolera estatal YPFB pagaría un porcentaje del valor de la producción a las empresas extranjeras en los nuevos contratos de explotación, en los que el Gobierno negociará incentivos para que las firmas sigan invirtiendo en el país, ya que YPFB no tiene recursos suficientes para desarrollar los campos de gas natural.

La primera medida que ha tomado Evo Morales tras la implantación del decreto ha sido el acuerdo con Hugo Chávez de establecer una alianza estratégica entre las firmas petroleras estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para desarrollar proyectos que incluirán la industrialización de las enormes reservas bolivianas de gas natural.

Esta alianza estratégica YPFB-Pdvsa ha sido anunciada horas después de que la petrolera estatal brasileña, Petrobras, anunciara la suspensión de todas sus inversiones en Bolivia como consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos decretada el pasado lunes por el mandatario boliviano.

El próximo 18 de mayo, Chávez visitará Bolivia para firmar el acuerdo YPFB-Pdvsa. El acto se realizará en la región suroriental del Chaco, donde se encuentran los mayores depósitos de gas natural del país. El gobernante venezolano ha señalado que YPFB y Pdvsa ejecutarán grandes proyectos de explotación e industrialización de gas para exportar electricidad, fertilizantes y otros productos con alto valor añadido. Chávez no ocultó su propósito de estrechar aún más su relación con Evo Morales. El sector de los hidrocarburos en Bolivia es una industria centrada en el millonario negocio del gas y manejada en la última década por compañías transnacionales.

Y mientras, la Unión Europea (UE) también se ha pronunciado ante la nacionalización, indicando que ésta podría perjudicar al mercado energético mundial. Aunque las naciones que conforman el bloque europeo no importan grandes partidas de gas boliviano, el portavoz de la UE, el español Ferrán Tarradellas, aseguró que la medida puede tener un impacto negativo en los mercados, sometidos en la actualidad a considerables presiones debido a los precios del petróleo.

La Comisión Europea asegura estar preocupada por la medida y afirma que estudiará el impacto que la nacionalización provocará tanto en la economía boliviana como en los inversores extranjeros presentes en el país. Bolivia posee los segundos depósitos de gas natural más importantes de América Latina, tras Venezuela.

El presidente de turno de la UE, el austriaco Johannes Laitenberger, mostró su malestar al afirmar que Bolivia debería haber consultado esta decisión a la Comisión, ya que en este país opera una amplia lista de firmas petroleras europeas, tales como la hispano-argentina Repsol YPF, las británicas BP PLC y BG Group PLC, así como la francesa Total. Asimismo, Laitenberger abre la puerta al diálogo con Evo Morales.