En la cita no se pasaron por alto las gestiones que se realizan con Venezuela para apurar su incorporación al Mercosur. Según ambos líderes, la inestabilidad que provoca la presencia de Chávez derivaría en la falta de inversión para la región que conforma el bloque económico.

Al margen de este encuentro, los tres ministros brasileños que mantenían la reunión paralela (el de la Presidencia, Dilma Rousseff; el de Minas y Energía, Silas Rondeau, y el de Relaciones Exteriores, Celso Amorim) además del presidente de la petrolera Petrobras, José Sergio Gabrielli, intentaban poner solución a la polémica suscitada en el país por la retirada de inversiones de Patrobras en Bolivia. Rousseff fue citada en su condición de ex ministra de Minas y Energía debido a que durante su gestión al frente de esa cartera comenzaron las últimas negociaciones para aumentar las inversiones de Petrobras en Bolivia.

Pese a que las acciones de la petrolera brasileña son negociadas en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, Petrobras está controlada por el Estado brasileño y depende del Ministerio de Minas y Energía.

El Gobierno de Lula da Silva ha recibido duras críticas en el Congreso por no haber previsto que la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia dejaría a Petrobras en una posición tan comprometedora y amenazaría el abastecimiento de gas natural en el país. Brasil importa diariamente cerca de 26 millones de metros cúbicos de gas natural, aproximadamente la mitad de su consumo.

Según algunos parlamentarios, Lula confió en que su identidad ideológica y política con Morales evitaría que Petrobras fuese tan perjudicada por la nacionalización de los yacimientos en Bolivia, por lo que la decisión boliviana puso en jaque su política externa, cuya prioridad es la integración latinoamericana. Los miembros de la Comisión quieren conocer el estado de las negociaciones entre Brasil y Bolivia para definir el precio del gas importado desde el país vecino, así como las razones por las que el Gobierno no se anticipó con medidas preventivas a la decisión boliviana.

Brasil, el mayor inversor extranjero en el sector de hidrocarburos de Bolivia, fue el país más perjudicado por la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar los yacimientos de petróleo y gas, y de asumir el control sobre las refinerías. Petrobras, la mayor empresa extranjera en Bolivia, ha realizado inversiones cercanas a los 1.500 millones de dólares (1.188 millones de euros) en el país andino, en donde controla el 46% de las reservas de gas, el 95% de la capacidad de refino y el 23% de la distribución de combustibles.

Además, los portavoces de Federación Industrial del Estado de Sao Paulo (Fiesp) han comenzado a dudar de que Bolivia siga siendo un proveedor seguro y estable de gas natural, por lo que proponen buscar nuevas alternativas de abastecimiento.

El Estado de Sao Paulo, el más industrializado y rico de Brasil con un tercio del PIB total del país, es el principal cliente del gas boliviano. Según los empresarios, 700 grandes industrias consumen 10 millones de metros cúbicos de gas boliviano, que a su vez satisface el 80% del mercado total de Sao Paulo. Una interrupción de ese suministro, afirman, tendría mayor impacto sobre las grandes empresas manufactureras que en los consumidores residenciales o de gas natural para vehículos.

Además, los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul dependen en un 100% del gas boliviano, mientras que Río Grande do Sul lo hace en un 75%. Lo que teme el sector empresarial brasileño es que Bolivia se proponga alcanzar un considerable aumento en el precio del gas vendido a Brasil, que hoy es de 3,25 dólares (2,58 euros) por millón de BTU (unidad energética internacional).

Los empresarios, en el caso que dejen de percibir el suministro boliviano, tendrán que recurrir a otro tipo de combustible, como hidrocarburos residuales, lo que puede elevar sus costes de producción. El mercado brasileño consume hoy 44 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales 26 millones son suministrados por Bolivia.