Además de resolver varios aspectos pendientes con empresas estadounidenses, Ecuador deberá recuperar la confianza de ese país para retomar las negociaciones del TLC. Según Roberto Aspiazu, coordinador del Comité Empresarial Ecuatoriano, tanto el sector oficial como el privado ratificaron su confianza en el proceso, puesto que no han negociado dos años para quedarse en este punto.

Después de la polémica suscitada en Ecuador por la reforma de la Ley de Hidrocarburos, el Ejecutivo vetó algunos puntos para suavizarla, como el referente al reparto de beneficios entre el Estado y las petroleras extranjeras. Así, las ganancias pasaron de ser del 60% a favor de las arcas estatales y un 40% para las compañías privadas, al 50% para cada uno. El Estado va a recibir unos 409 millones de dólares (335,7 millones de euros) adicionales entre los meses de abril y diciembre gracias a esta reforma.

Pero este hecho causó también malestar tanto a los empresarios ecuatorianos como a la delegación estadounidense que negocia el TLC con Ecuador, lo que afectó a la postura de Washington en las conversaciones. Éstas se suspendieron y parece ser que va a costar más de lo que se pensaba el retomarlas, ya que la nueva ley no favorece los intereses de las petroleras de EEUU que operan en el país. Los temas más conflictivos, como el de la agricultura, quedaron pendientes.

Para limar estas asperezas con EEUU, los abogados de la compañía estatal Petroecuador han comenzado a estudiar la última propuesta de la estadounidense Occidental Exploration and Production Company (Oxy), que quiere que se archive el proceso de caducidad de su contrato petrolero. Esta acción forma parte del juicio administrativo que el Estado mantiene sobre la compañía por la supuesta violación de la nueva Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor a finales de abril.

Aunque Petroecuador no se ha impuesto un plazo, la respuesta se transmitirá el próximo martes, una vez que se considere si la petición conviene o no a los intereses del Estado. Aunque tras la negativa de EEUU de continuar con las negociaciones del TLC, puede que sí convenga esta vez al Ejecutivo ecuatoriano aceptar la propuesta de Oxy. Antes se necesita el aval del presidente ejecutivo de la petrolera, Fernando González, que asegura que antes de la respuesta es necesaria transición a instancias del Jefe de Estado, a fin de que se contemplen los términos más favorables para el país.

La petición de Oxy surgió tras la reunión mantenida el pasado 4 de abril entre el ministro de Energía de Ecuador, Iván Rodríguez, y el ministro-secretario general de la Administración, Modesto Apolo. En el documento generado tras la reunión, la multinacional afirma que a cambio de terminar y archivar el proceso de caducidad de manera definitiva, estaría de acuerdo en renegociar el contrato de participación que mantiene en el Bloque 15, ubicado en la Amazonía, y así contemplar el pago al Estado del 50% del dinero adicional que ingresa por la venta de crudo, como indica la Ley de Hidrocarburos.

Pero el pago estará sujeto a ciertas condiciones, tales como las inversiones adicionales realizadas entre 1999 y la fecha en que se suscriba el nuevo contrato, así como las inversiones futuras que se realicen y que excedan las inversiones contempladas en el artículo de la Ley de Hidrocarburos. Dicha norma establece que las compañías contratistas de Petroecuador están obligadas a invertir un mínimo del 10% de sus beneficios netos. Según el texto suscrito, la inversión también podrá efectuarse en forma de bonos del Estado o de suscripción de acciones para la formación de nuevas empresas.

Otra noticia suscitada esta semana en Ecuador es la destitución de la directora de Rentas Internas del Gobierno (SRI), Elsa de Mena, debido a las discrepancias que mantiene con Alfredo Palacio en torno a las medidas para frenar la corrupción, que hace que se pierdan unos 600 millones de dólares (475 millones de euros) anuales en las aduanas.

Mena se opuso el mes pasado a una petición presidencial para que abandonara la presidencia de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) y designara como su reemplazo a un funcionario avalado por Palacio. La postura de la funcionaria fue entendida por Palacio como un desacato, por lo que decidió su destitución tanto de la CAE como del SRI.

Marcelo Merlo, analista económico, se ha referido a los logros alcanzados por Elsa de Mena, y ha señalado que durante el periodo en el que la funcionaria estuvo en el SRI, el ingreso por recaudaciones del IVA subió de 400 millones de dólares (316,7 millones de euros) a 1.200 millones (950 millones de euros). El 45% de estos ingresos se consigue en las aduanas.

Por otro lado, Merlo afirmó que en Ecuador las aduanas han sido fuente de corrupción y de alguna manera botín político, y señaló que para que esto se termine, en primer lugar es preciso señalar a los corruptos en materia de evasión aduanera. Asimismo, sostiene que en el país se ha puesto una venda para que no se proceda al recuento del dinero proveniente de la evasión aduanera.