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La venta de gas tras la nacionalización
de los hidrocarburos del pasado 1 de mayo va a generar unos ingresos
adicionales a Bolivia de 1.400 millones de dólares (1.100
millones de euros) este año. Brasil y Argentina son los
principales importadores del recurso energético boliviano.
De los 33,5 millones de metros cúbicos de gas natural que
el país andino exporta al día a estos dos países,
28 millones van a parar a Brasil y 5,5 millones a Argentina. En
este montante aún no han quedado recogidos los beneficios
que generarán los campos gasíferos de San Alberto
y San Antonio, aún por determinar.
La demanda energética que
requiere la petrolera estatal brasileña, Petrobras, hace
que sea muy difícil su salida del mercado gasista boliviano,
por lo que los beneficios para el Estado andino están asegurados.
Tanto Brasil como Bolivia llevan negociando el precio del gas
desde hace un par de semanas, ya que el país andino no
cederá ante las peticiones de la delegación negociadora
brasileña de conservar su precio actual, a pesar de que
Petrobras es su mayor inversor en hidrocarburos.
El presidente de Petrobras, José
Sergio Gabrielli, ha señalado que el Estado boliviano necesita
a Petrobras para poder operar y desarrollar el sector, y no cree
que pueda producir sin ayuda de la participación extranjera.
Gabrielli ha manifestado que Evo Morales no quiere deshacerse
de las empresas foráneas, sino obtener participación
extranjera en la explotación de sus recursos. Además,
señaló que el impacto de la nacionalización
del gas boliviano será muy pequeño en las cuentas
de Petrobras.
Fuentes oficiales del Gobierno
de Evo Morales han afirmado que de los 1.400 millones de dólares
de ingresos adicionales que reportarán Argentina y Brasil
a un precio medio de 3,30 dólares (2,58 euros) por cada
millón de BTU (Unidad Térmica Británica)
a Bolivia, unos 700 millones de dólares (500 millones de
euros) irán a parar a las arcas del Estado.
Bolivia y Brasil ya acordaron a
principios de semana conceder un encuadre político a las
negociaciones sobre el precio del gas que Petrobras importa desde
el país andino, en relación a los comentarios que
surgieron en los medios locales de que entre ambos países
existía una posible diferencia debido a la nacionalización
del gas boliviano. Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores
de Brasil, dejó claro que no hay ningún conflicto
entre ambos países, pero sí cuestiones que tienen
que contemplarse con una visión constructiva para las relaciones
bilaterales.
Además, ambos gobiernos
han decidido crear comisiones técnicas para atender los
asuntos pendientes sobre energía, migración y tierras,
tema que preocupa a Brasil, ya que casi un centenar de ciudadanos
brasileños fue desalojado por tener propiedades dentro
de la franja fronteriza de 50 kilómetros, situación
prohibida en la Constitución boliviana. El Gobierno de
La Paz ha anunciado que investigará a los campesinos y
pequeños productores brasileños que tienen propiedades
de forma supuestamente irregular, ya que se sospecha que esas
tierras se encuentran en territorio boliviano, es decir, a menos
de 50 kilómetros de la frontera común, lo cual es
inconstitucional.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, matizó al respecto
que el precio que acuerde con Brasil será aquel que beneficie
a Bolivia. El presidente de YPFB indica que con Argentina van
a establecer un importante cambio en los precios, y a partir de
ahí negociarán para fijar el precio final. Reiteró
que en ningún momento se mantendrá el mismo precio,
sino que se aplicará un aumento significativo para beneficio
de todos los bolivianos. Alvarado argumentó así
que el precio de la unidad estándar de gas natural alcanza
en el mercado internacional entre los ocho y los 12 dólares
(6,26 y 9,4 euros, respectivamente) en EEUU.
La nueva Ley de Hidrocarburos boliviana,
suscrita el pasado 1 de mayo por Evo Morales, establece que el
50% de los ingresos del sector se destinarán al Estado
andino. El Gobierno quiere incrementar el precio del gas para
mejorar los ingresos del país, algo que tendrá que
lograr a través de la negociación con Brasil y Argentina,
entre otros países.
Una cuestión de
plata. La posibilidad de que el plan de nacionalización
de los recursos naturales bolivianos afecte también a la
minería ha empezado a ocupar espacio en los ‘blogs’
especializados en el mercado internacional de materias primas.
Sobre todo en la cotización de la plata. Los últimos
informes especializados se basan en esta posibilidad para anticipar
que el precio de este metal precioso alcanzará los 20 dólares
a finales de este año. Lo que supondría una revalorización
del 58,10% sobre el precio actual (12,65 dólares) y del
122% sobre la cotización del 1 de enero de este año.
Los expertos creen que si Evo Morales
intenta aplicar a las minas de plata un régimen similar
al que quiere imponer en el sector del gas y el petróleo,
la producción de plata descenderá en Bolivia. En
la actualidad la producción de este metal en tierras bolivianas
está en el entorno de las 461 toneladas anuales, una cifra
que supone sólo un 2,5% de la producción mundial,
pero si desaparecen las actuales expectativas de que este output
se incrementase radicalmente a medio plazo, el precio del metal
podría verse afectado, porque la aportación creciente
de Bolivia aseguraba parte del suministro.
El inicio de la hegemonía
boliviana. Evo Morales ha anunciado que intentará
gestar la unidad regional en busca de soluciones pacíficas,
democráticas y estructurales cuando asuma la Presidencia
temporal de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) el próximo
mes de octubre. Morales, que ya ha cumplido cuatro meses de Gobierno,
ha expresado este propósito en el acto de firma de un convenio
por el que la Corporación Andina de Fomento (CAF) le concedió
una ayuda no reembolsable de 279.000 dólares (218.435 euros)
para la II Cumbre Sudamericana.
El mandatario boliviano manifestó
su deseo de aportar todo lo posible a esta gran integración.
Asimismo, insistió en su planteamiento de que los tratados
comerciales beneficien a las mayorías sudamericanas y,
especialmente, a los pueblos indios históricamente abandonados.
El presidente de la CAF, el boliviano
Enrique García, declaró que Latinoamérica
atraviesa un momento de cambio que debe aprovecharse en beneficio
de toda la población. García firmó con el
canciller de Bolivia, David Choquehuanca, el convenio para apoyar
la II Cumbre Sudamericana en la ciudad de Santa Cruz en octubre.
También suscribió con el ministro de Planificación
del Desarrollo, Carlos Villegas, el contrato de crédito
de 25 millones de dólares (19,6 millones de euros) para
concluir una carretera hacia Chile.
La CSN se creó en diciembre
de 2004 en la ciudad peruana de Cuzco, y está integrada
por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su objetivo
es establecer una zona de libre comercio entre esos países,
con una población conjunta de 361 millones de habitantes.
Morales sostiene que las naciones
sudamericanas quieren una integración que resuelva los
problemas económicos, sociales, políticos y territoriales
de sus integrantes.
Además, Morales ha iniciado
gestiones para que el Club de París, el foro internacional
que agrupa a los 19 países acreedores más ricos
del mundo, se reúna en Bolivia en su próximo encuentro.
Las reuniones de este grupo de países se celebran sólo
en París 10 y 11 veces al año entre sesiones de
renegociación, análisis de deuda o aspectos metodológicos.
Morales quiere que la reunión se celebre en el país
andino para exponer las necesidades de su país personalmente.
El presidente boliviano indicó
que su Gobierno desea explicar a ese grupo de naciones las necesidades
del país en la coyuntura actual y consideró que
la comunidad internacional tiene confianza en las reformas estructurales
que se vienen ejecutando en la nación andina, entre ellas
el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.
El Club de París está
integrado por: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, EEUU, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido,
Suecia y Suiza.
Bolivia tiene una deuda exterior
total de 4.440 millones de dólares (3.448,8 millones de
euros) en valor nominal, de los cuales 1.350 millones (1.056.94
millones de euros) corresponden a los acreedores del Club de París.
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