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Año IX - Madrid, viernes 25 de mayo de 2007
 
Reportaje
 

Arranca la preparación de la nueva Constitución boliviana, con las polémicas con Petrobas de fondo

¿Estado social o democrático?

T.T.

Las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente boliviana han comenzado esta semana a preparar los artículos para la nueva Constitución Política del Estado, aunque existen fuertes diferencias que van desde las autonomías, hasta los defensores de la hoja de coca, el modelo económico y los símbolos patrios. Mientras, el Gobierno sigue enfrascado en lo que define como una “politica agresiva” en el marco de la nacionalización.

Los trabajos de la Asamblea Constituyente tendrán que finalizar el próximo 6 de agosto pero, según las previsiones, será difícil seguir el calendario previsto.

De hecho, entre el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales, y el opositor Podemos, de Jorge Quiroga, existen fuertes desacuerdos. Si no se encontrara una solución, no se descarta la hipótesis de realizar un referéndum sobre los temas más delicados.

Una de las mayores discrepancias está en que el oficialismo quiere un "Estado plurinacional, social y comunitario", que reconozca constitucionalmente los 36 pueblos indígenas que viven en Bolivia, mientras que Podemos propugna una sola nación.

"Queremos un Estado social y democrático de derecho, descentralizado en lo administrativo, intercultural con todos los pueblos y profundamente democrático y solidario en lo social", indicó a BBC Mundo el portavoz de Podemos, José Antonio Aruquipa.

Aunque la Asamblea Constituyente se instaló en agosto del año pasado, hasta ahora no se ha redactado ningún documento oficial.

Hidrocarburos. En relación con el tema de la nacionalización de los hidrocarburos, siguen las polémicas entre el Gobierno boliviano y la empresa brasileña Petrobras.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, repitió ayer jueves que Petrobras no tiene que preocuparse por el pago de las dos plantas de refinación de Cochabamba y Santa Cruz. El pago se efectuará a más tardar el 10 de junio, tal como se ha previsto.

El acuerdo de compraventa, por 112 millones de dólares (83 millones de euros), fue anunciado el 11 de mayo y el gigante brasileño advirtió el martes que no toleraría un incumplimiento del Gobierno de Evo.

Fuentes del Ministerio de Hidrocarburos boliviano han negado a Americaeconomica.com que exista la posibilidad de que el Gobierno pague la indemnización por dos refinerías de la petrolera brasileña Petrobras con gas natural, con alusión a las afirmaciones del presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, quien dijo que una eventual oferta de pago en gas podría ser analizada por su compañía, según reseña la agencia ANSA.

La fuente añadió que, de todas formas, el Gobierno boliviano no recibió ninguna oferta formal desde Brasil en este sentido, y pidió a Petrobras que se dirija a La Paz sólo a través de los canales institucionales de comunicación.

Un decreto ministerial boliviano excluye toda posibilidad de que ese pago ese realice en gas, debido a que eso generaría problemas internos de recaudación.

De todas maneras, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realizará un préstamo al Estado boliviano para afrontar estas adquisiciones.

El pago será efectuado en dos partes: la primera en el momento de la firma del acuerdo y la segunda en un plazo de un mes a partir de la firma formal del convenio.

Entre tanto, Bolivia no descarta la hipótesis de vender gas a Chile, a cambio de una salida al Océano Pacífico. De momento, fuentes del Ministerio de los Hidrocarburos sostienen que no hay posición oficial alguna sobre el avance del proceso.

Un referéndum en 2004 ya decretó que es justo utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida "útil y soberana" al océano.

Tras un encuentro bilateral entre ambas cancillerías, el viceministro boliviano de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Guzmán Laugier, informó al diario La Prensa que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en la cooperación con Chile "en todos los campos".

Telefonía. Mientras, sigue la polémica entre el Gobierno boliviano y la empresa telefónica Entel, filial de la compañía italiana Telecom. El lunes 21 de mayo, la Superintendencia de Telecomunicaciones de Bolivia multó a la compañía italiana con 3,6 millones de dólares (2,66 millones de euros), por no haber cumplido con sus obligaciones de inversión en el país andino y haber evadido unos 25 millones de dólares (18,5 millones de euros) en impuestos.

Fuentes de la compañía italiana consultadas por Americaeconomica.com se negaron a hacer declaraciones oficiales sobre la materia.

Según reseñan los medios de prensa bolivianos, la sanción es una consecuencia del incumplimiento de los compromisos correspondientes a 2000 y 2001, por no proveer un servicio de calidad en áreas rurales y por no cumplir sus objetivos de crecimiento, aunque no se aclara por qué no se multó antes las faltas ahora denunciadas.

Igualmente, Bolivia acusa a Telecom de haber realizado inversiones sólo por 339 millones de euros, frente a los 460 millones comprometidos. Mientras, Telecom declara que sus inversiones ascienden a 531 millones de euros.

A principios de abril, el presidente boliviano, Evo Morales, ordenó a Telecom Italia negociar la venta de parte o de todo el 50% de las acciones de Entel al Estado boliviano. Pero el diálogo entre ambas partes, de momento, está congelado por la renuncia de La Paz a efectuar las negociaciones en un tercer país, como pedían los inversores europeos.

Bolivia dispone de un plazo de seis meses para intentar una conciliación entre el Ejecutivo y la empresa italiana. Si tras ese proceso no hay acuerdo, comenzará la fase de arbitraje internacional.

A pesar del alejamiento de Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), Telecom presentó ante este organismo del Banco Mundial (BM) una reclamación por la decisión del presidente Morales de que el Estado boliviano asuma la mayoría del paquete accionarial de la empresa telefónica Entel.

Polémicas internas. El Gobierno de Evo Morales tiene que afrontar también las acusaciones que llegan desde la oposición, que definen la aptitud del Ejecutivo como sometida al chavismo.

En ese sentido, el ministro de Defensa boliviano, Walker San Miguel, descartó que haya injerencia venezolana en Bolivia, tras el anuncio de que el Gobierno de Hugo Chávez financiará con un fondo de 30 millones de dólares (22 millones de euros) un programa de mejoras en la infraestructura de las Fuerzas Armadas bolivianas (FFAA).

El proprio presidente Morales defendió su cercanía política y económica con Venezuela y subrayó los vínculos de unidad histórica que unen a ambos países.

 
 

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