El Gobierno de Panamá ha presentado las bases de su política para convertirse en un centro de intercambio y abastecimiento de combustible en la región. El capital para ampliar los conductos y los tanques de almacenamiento de crudo ya está sobre la mesa. Sin embargo, la ley que el Gobierno pretende firmar para aumentar los impuestos por "servicios ambientales" a las empresas que operan en el país, podría poner en peligro la inversión de éstas en los nuevos proyectos.

Las aspiraciones de Panamá están además a la expectativa del resultado que presente en agosto el consorcio conformado por Occidental y Qatar Petroleum de la segunda fase de estudios del proyecto de una refinería para Puertos Armuelles.

Fuentes del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá aseguraron a Americaeconomica.com que la compañía se ha comprometido a finalizar el proceso en agosto. Añadieron que del estudio dependerá la viabilidad del proyecto.

La meta de Panamá de convertirse en el Centro Energético Regional como parte de la Política Nacional de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno tiene como base garantizar el suministro y diversificar la oferta de combustibles.

La inversión para ampliar los conductos y los tanques de almacenamiento de crudo ya están listos. La empresa Petro Terminal Panamá invertirá unos 94,5 millones de euros, en la ampliación de la terminal, que consiste en la reversión del trasiego de petróleo que actualmente se lleva a cabo del Pacífico al Atlántico. La compañía también tiene previsto la construcción de más tanques de almacenamiento, que permitirán aumentar su capacidad en unos 3.500 barriles en los próximos dos años.

Chevron, por su parte, tiene previsto presentar un proyecto de inversión en el sector de hidrocarburos en el país.

Contrario a los esfuerzos de generar mayor inversión, la comisión de población, ambiente y desarrollo de la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley " Pago por servicios ambientales para la restauración de cuencas hidrográficas de la República de Panamá" que podría espantar la inversión de las empresas energéticas, en este momento en que el país necesita más, debido a que la demanda de energía eléctrica está por alcanzar la oferta.

De aprobarse el programa, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, obligaría a las empresas de generación a pagar 5.000 dólares (3.230 euros) anuales por Megavatio (MW) durante un período de 20 años para financiar el Fondo de Inversión Socio Ambiental Comunitario (Fisac).

Además contempla el pago del 30% de los posibles ingresos generados a través de la venta de los certificados de reducción de emisiones (CER´s) para financiar el fondo de pago de servicios ambientales (Fpsa).