El presidente mexicano, Felipe Calderón, lanzó esta semana un ambicioso plan para enfrentar los efectos de la crisis económica de EEUU y los altos precios de los alimentos, que incluye inversiones en obras públicas, subsidios a los combustibles y la eliminación de impuestos a la importación de trigo y arroz, una medida que rechaza la oposición del mandatario mexicano.

Una de las acciones más polémicas que el Gobierno ha puesto en marcha es la eliminación de los impuestos a las importaciones de trigo, arroz, soja, sorgo,maíz, leche en polvo, y la autorización de una cuota de importación de 100.000 toneladas de frijoles libres de aranceles.

México asigna aranceles relativamente bajos a otros países fuera del tratado con los que tiene aperturas comerciales, pero muy elevados para naciones con las que no tiene pactos comerciales. A estas últimas, en el caso del maíz, tanto para blanco como para amarillo, aplica un arancel del 194%, para el arroz el impuesto es del 20%, para el trigo del 67% y para el frijol de hasta el 125%.

El país tiene que importar alrededor del 50% de su consumo total de maíz, sobre todo amarillo, para el sector agropecuario, pese a que es el cuarto productor mundial de este grano. México ha comprado tradicionalmente casi la totalidad de sus requerimientos adicionales de maíz a EEUU, su principal socio comercial y miembro junto con Canadá en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (Tlcan).

Los empresarios mexicanos, como era de esperarse, apoyaron la propuesta de Calderón. Ismael Plascencia, presidente del la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se comprometió con Calderón a sostener reuniones con integrantes de la cadena alimentaria, a fin de valorar la forma en que se sumen al programa Apoyo a la Economía Familiar, tras efectuar el análisis previo

Mientras que los diputados de la oposición criticaron la medida. Susana Monreal, del PRD, aseguró que con esta propuesta sólo favorecía a los empresarios y no solucionaba el problema de fondo. Para ella lo mejor sería aumentar los salarios.

Jericó Abramo Masso, del PRI, por su parte, también se mostró en contra, y señaló como una de las soluciones la otorgación de mayores subsidios.

Al respecto, Calderón reiteró que los subsidios a la gasolina, diésel y el gas licuado continuarán de acuerdo al programa presentado. Para mantener estable el coste de los carburantes en México utilizará cerca de 12.500 millones de euros acumulados por la venta de petróleo a precios extraordinarios.

En el plan también se establecen mecanismos para impulsar la producción de alimentos en el país, en este sentido el Gobierno eximirá de impuestos a la importación a la entrada de fertilizantes y ampliará la oferta de créditos a bajo interés a más de medio millón de pequeños productores agrícolas. El Estado también dedicará unos 1.200 millones de euros para financiar la compra de tractores, maquinaria y equipos para modernizar el campo e incrementar la producción.

Los analistas económicos arremetieron contra el Gobierno, ya que para ellos la medida de apertura a las importaciones y subsidios van dirigidas a los grandes productores que tienen el control de la alimentación en el país.

Sobre el aporte monetario prometido por el mandatario para fortalecer los ingresos de casi 5,3 millones de hogares, que agrupan a unos 26 millones de pobres del país, los economistas son enfáticos en sostener que esta ayuda sólo llegará a una parte de los mexicanos ya inscritos en programas de ayudas puesto que, según el analista, los pobres son muchos más de los que ha calculado la Administración.

Los transportistas y campesinos también mostraron su rechazo, en especial a la cancelación de impuestos a la importación de granos y fertilizantes porque, según ellos, provocará una escalada en los precios de alimentos y mayor especulación con los granos, debido a que incrementará la renta de buques extranjeros.

Con la apertura, los más beneficiados serían los países de Argentina, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, entre otros de Latinoamérica.