El sábado de la semana pasada terminó el plazo para la firma de los nuevos contratos con las petroleras que operan en Bolivia. Tanto el Ejecutivo de Evo Morales como las compañías extranjeras han mostrado su satisfacción por los nuevos acuerdos suscritos. Las bases populares aguardan a ver los resultados de la nacionalización. ¿Qué beneficio les espera a ellos?

El Gobierno de Bolivia estima que la nacionalización de los hidrocarburos reportará al país andino unas ganancias de 4.000 millones de dólares (3.140 millones de euros) en los próximos cuatro años. Este anuncio se produce después de que La Paz firmase el sábado pasado los nuevos contratos de explotación con las petroleras extranjeras, entre ellas la estatal brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF.

"Como resultado de la firma de nuevos contratos con las empresas Petroleras en el marco de la nacionalización, el tesoro General de la nación (TGN) recibirá 1.000 millones de dólares año", indicaba el domingo pasado el presidente boliviano, Evo Morales.

"Estamos avanzando, este cambio sentando soberanía por nuestros recursos naturales y ejercemos el derecho de propiedad sobre nuestros recursos", decía Morales. Además, el mandatario recalcaba que la 'nacionalización' no expulsará a ninguna empresa que invierta en buenas condiciones en el país.

El presidente del país andino revelaba también que, durante la capitalización de los anteriores gobiernos, se produjo un gasto de 26 millones de dólares (20,4 millones de euros) por los contratos con las consultorías, mientras que, en este caso, los únicos costes fueron los sueldos de los funcionarios públicos del país.

En la línea del proceso de nacionalización de los hidrocarburos del Gobierno de Morales, la petrolera estatal de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolvianos (YPFB), controlará cinco compañías, según dijo el lunes pasado el presidente de la empresa, Juan Carlos Ortiz.

Para ello, YPFB comprará valores para alcanzar el 51% de las acciones de las compañías mixtas Andina (filial de Repsol YPF), Transredes y Chaco, así como de las privadas Petrobras-Refinación y Compañía Logística de Hidrocarburos.

Tras la suscripción de los contratos de operación con el fin de semana con diez petroleras extranjeras, de las que el Estado boliviano posee entre el 34% y el 48% de las acciones, YPFB ha previsto cerrar en las siguientes "semanas o meses" los nuevos acuerdos, indicó Ortiz a la televisión Bolivisión.

Las multinacionales que controlan esas compañías son el grupo British Petroleum, en el caso de Chaco; la hispano-argentina Repsol YPF, en el de Andina; Shell y Ashmore, en Transredes; Petrobras-Refinación es una filial de Petrobras y Compañía Logística de Hidrocarburos tiene capitales peruanos y alemanes.

La respuesta de Repsol. Según decía el jueves pasado el presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, la petrolera hispano-argentina tendrá una "buena" rentabilidad con el nuevo contrato firmado con el Estado de Bolivia para la operación de sus campos de gas en el país andino, a pesar de que pasará a compartir la producción.

La rentabilidad de Repsol-YPF después del contrato "va a ser buena", se limitaba a decir Brufau a los periodistas, en Punta del Este en el marco de un encuentro empresarial previo a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. "Es mejor para Bolivia y para los operadores, suficientemente bueno si le sumamos estabilidad", añadía.

Sin dar más detalles, el presidente de la petrolera explicaba que "la situación es algo parecida a lo que llamaríamos contratos de operaciones de riesgo que existen en muchos países, compartimos la producción, los costes y márgenes. No es nada diferente a lo que la industria tiene asumido, lo importante para mí es ver el futuro con tranquilidad".

Brufau también habló del contrato firmado con Bolivia y señaló que este acuerdo "no habla tanto de impuestos sino de cómo compartir la producción. Hay una primera parte, en la que el 50% de la producción es del Estado y en el resto hay mecanismos para cubrir costos, darle rentabilidad al capital y, lo que sobre, devolverlo al Gobierno".

Después de estos acuerdos por los que el Estado boliviano obtendrá 1.000 millones de dólares (784 millones de euros) al año, es de esperar que el Gobierno de Evo Morales revierta estas ganancias en la población de Bolivia. Si durante todo el proceso de la nacionalización, el Ejecutivo ha hecho gala de su transparencia, ahora es más importante que nunca que se precise de forma clara a dónde irán a parar los 4.000 millones de dólares de los próximos cuatro años. Las necesidades de los bolivianos pasan por una mejora real de las infraestructuras, el sistema de pensiones y la sanidad, sólo por nombrar unas pocas.