Sólo ocho días después de que Cristina Kirchner fuese elegida presidenta de Argentina, el Gobierno de su país ha decidido subir los impuestos a las exportaciones de soja, trigo y maíz. Al parecer, la presidenta empieza a asegurarse los fondos suficientes para comenzar su mandato con la máxima seguridad .

Las retenciones impuestas a las empresas agrícolas de cereales aumentarán el capital para las medidas sociales que Cristina había prometido en su programa electoral y además, según ha confirmado Miguel Peirano, ministro de Economía, preservará la rentabilidad adecuada en la cadena agrícola y el alto precio del cereal debido a la venta más cara de los productos al exterior.

Ahora el Estado se quedará con un 35% del valor de cada barco cargado con soja, un 28% de los que lleven trigo, 25% de los que transporten maíz, y del 30 al 32% de los que trasladen harinas o aceites, según informaciones recogidas por el diario argentino Clarín.

Pero sobre todo estas disposiciones posibilitan sobre todo, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner recaude en 2008, unos 1.500 millones de pesos adicionales, alrededor de 330 millones de euros.

La decisión que se conoció ayer en una conferencia de prensa a la que han asistido Alberto Fernández, jefe del Gabinete, y el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, obligará a depositar los impuestos directamente en el Banco Central, por lo que el sector agrícola, uno de los más potentes del país, no tendrá ninguna intervención, en estas transacciónes.

La Confederación Rural Argentina (CRA) califica la nueva determinación de “ innecesaria” y “contraproducente” y ha pedido en un comunicado una reunión urgente con la nueva presidenta para recordarle además sus promesas de diálogo y concertación.

En respuesta, el Gobierno ha señalado que la medida no afectará a la rentabilidad del sector ya que aunque hay una subida en las retenciones, ésta es mucho menor al alza de los precios internacionales.

Por su parte y en contra de las predicciones que asocian la agricultura con la ganadería, los precios en las actividades productivas agropecuarias no han variado por ahora, y el Mercado de Hacienda, donde se fijan los valores del sector bovino, los ha dejado invariados.

Mientras, los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (Indec) han pactado con el Gobierno una tregua de 48 horas tras la crisis desatada por los despidos de al menos 13 personas que estaban contratadas por el organismo. Si cumplido ese lapso no se revisan esos ceses , la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará el próximo jueves un paro de 24 horas

Hasta hace unos días había confirmados 13 despidos, pero fuentes sindicales han afirmado que había al menos otras cuatro personas a las que se les comunicó su cese verbalmente.

En todos los casos se trata de personal contratado que llevaba varios años en el organismo y que había participado en las protestas por la intervención del Gobierno en el Indec, según había informado el diario argentino Clarín .

En medio de tantos enfrentamientos, se espera que el nuevo gobierno argentino arregle las disputas y practique su política social para apaciguar las múltiples posturas.