Un grupo de 393 víctimas de los paramilitares colombianos de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) pide a la compañía estadounidense Chiquita Brands Internacional una compensación de 7.860 millones de dólares (5.347 millones de euros) por su supuesta colaboración con los terroristas que cometieron todas las atrocidades que ellos y sus familiares sufrieron.

Las víctimas han demandado a la compañía estadounidense por ser cómplice del grupo terrorista colombiano. El abogado de los demandantes, Jonathan Reiter, ha asegurado que sus clientes reclaman una compensación por haber sido víctimas de brutales asesinatos y torturas cometidos por AUC.

El grupo terrorista además es culpable de terrorismo, crímenes de guerra y contra la humanidad, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Reiter ha reiterado que las víctimas reclaman cada una 10 millones de dólares (unos 6,8 millones de euros) por concepto de indemnizaciones, y otro tanto por daños punitivos.

Los demandantes, entre otros cargos, imputan a Chiquita haber contratado a los paramilitares para apoderarse de tierras de campesinos y controlar las zonas de plantación de banano en el país.

Además, en la demanda se asegura que la complicidad de la compañía estadounidense tiene mayor alcance que los simples pagos a AUC, ya que Chiquita les facilitó armamento y les prestó sus puertos privados para que los terroristas los utilizaran para exportar de forma ilegal grandes cantidades de drogas.

EEUU impuso a Chiquita, uno de los más grandes productores mundiales de bananos, con una multa de 25 millones de dólares (18 millones de euros) por financiar a los grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2004.

La compañía estadounidense reconoció que era culpable de un cargo por hacer negocios con un grupo terrorista, tras una investigación del Gobierno de EEUU sobre pagos realizados por la ex filial colombiana de la firma.

En total, la compañía hizo más de 100 pagos al grupo AUC desde 1997 hasta febrero de 2004, lo que sumó unos 1,7 millones de dólares (1,28 millones de euros), de acuerdo al documento judicial. La cifra incluye más de 50 pagos efectuados después de que el grupo fue calificado como una organización terrorista internacional en septiembre de 2001.

A todo esto Chiquita alegó que las AUC amenazaron a sus trabajadores y que realizó los pagos sólo para proteger a sus empleados.