El oficialista Movimiento al Socialismo de Bolivia (MAS) ha resuelto convocar para hoy la reanudación de las reuniones de la Asamblea Constituyente, en un castillo de Sucre en el que se ha desplegado un cerco policial y militar. Este cónclave de seguridad se ve reforzado por el apoyo a pie de calle de los miles de campesinos que se han trasladado a la capital para apoyar la iniciativa del presidente Evo Morales.

Mientras el oficialismo y sus aliados políticos confían en contar con el quórum necesario (128 asambleístas) para garantizar la plenaria sin la necesidad de los opositores, este otro bando anunció que no asistirá a la convocatoria y no descartó la posibilidad de instalar otra reunión paralela.

La presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte (MAS), hizo oficial anoche la convocatoria para sesionar en el castillo, que se encuentra a siete kilómetros del centro de Sucre. La medida fue apoyada por los cinco directivos de la constituyente y miembros del MAS, y el representante de Alianza Social (AS), Pastor Arista. Los restantes cinco miembros de la Constituyente rechazaron la reunión.

Paralelamente, varios asambleístas del oficialismo se trasladaron hasta el lugar a la espera de que se reanuden las plenarias, en las que, de haber el quórum para la instalación de la plenaria, el MAS podría incluso ejercitar la aprobación del nuevo texto constitucional, según informa el diario boliviano La Razón.

El Gobierno boliviano inició esta semana una cadena de movilizaciones para promover y poder consolidar dos de sus principales objetivos: la renta dignidad y la aprobación del nuevo texto constitucional en la Asamblea. La estrategia la llevaron a cabo autoridades del Gobierno, parlamentarios del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigentes sindicales de los movimientos sociales afines al Ejecutivo.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Álvaro García, declaró que, o el nuevo Estado se consolida en un punto de bifurcación, y entonces se reacomoda gradualmente el resto, o las fuerzas del nuevo bloque dominante van hacia atrás y se restablece el antiguo bloque dominante con nuevos roles.

Los gobernadores de seis de los nueve departamentos que tiene Bolivia aprobaron el martes una resolución por la que convocaban a la “desobediencia civil”. Los gobernantes tomaron esta decisión como una medida para protestar contra un decreto del Gobierno nacional que recorta sus ingresos a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para pagar una renta a los mayores de 60 años.

Los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Sucre, consejeros de esos departamentos, concejales de municipios y sus principales dirigentes cívicos firmaron esa resolución en la oriental ciudad de Trinidad, tras dos días de deliberaciones, con lo que rechazaron un decreto del presidente de Bolivia, Evo Morales, que recorta hasta en un 70% los ingresos que recibían por la coparticipación del IDH.

Con el dinero que Morales pretende quitarle a los departamentos, el Ejecutivo boliviano se propone financiar el pago de una renta (o pensión) vitalicia para los mayores de 60 años.

Por su parte, el presidente Evo Morales calificó de “sedición” al llamamiento a la desobediencia civil que realizaron los gobernadores y aseguró que no están respetando las normas porque están llamando al desacato. Morales declaró que es normal que no estén de acuerdo con la norma y confirmó que él mismo tiene algunas dudas, pero hay que hacer respetar la Constitución Política del Estado y respetar las leyes y no estar en función de las amenazas.