Los magistrados sandinistas del Tribunal de Apelaciones de Managua han detenido la derogación de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) al tramitar un recurso de amparo y trasladar la discusión a la esfera judicial. No ha servido de nada que la derecha liberal y la disidencia sandinista unieran sus votos en el Congreso para conseguir una mayoría de 52 escaños para que la Ley 630, por la que los CPC se consideraban estructuras del Poder Ejecutivo, fuera derogada.
Varios miembros de los CPC presentaron el recurso de amparo ante el Tribunal de apelaciones y de este modo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el nuevo escenario donde se discutirá la legalidad o no de los CPC creados por el presidente del Gobierno, Daniel Ortega. El proceso podría estancarse puesto que la Sala Constitucional está formada por tres magistrados liberales y tres sandinistas. De esta forma, los CPC ya son legales y están funcionando.

Los CPC son órganos de consulta popular que el Gobierno de Ortega organiza desde hace cinco meses en todos los barrios y comarcas rurales del país. Según Ortega son un modelo de democracia directa. La dirección de estos comités está en manos de la primera dama, Rosario Murillo, cada vez con más poder político en el país centroamericano.

La formación de los CPC se ampara en la Ley de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo, que faculta al presidente para crear los consejos que considere conveniente.

La oposición decidió hacer frente a los CPC con una reforma legal tras descubrir que los mismos estaban siendo organizados con sandinistas leales a Ortega con la intención, supuestamente, de reeditar los órganos de represión y control que existieron durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

El miércoles 21 de noviembre, el Congreso de Nicaragua impidió la formación de los CPC. Los miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de derecha, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), también de derecha, y del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), de izquierda, formaron un bloque de oposición contra el presidente Ortega y los CPC fueron rechazados.

Los diputados de la oposición acusaron a Ortega de organizar comités con fines partidarios, al estilo de países como Venezuela o Cuba. El diputado de MRS Víctor Tinoco declaró que se trata de un proyecto disfrazado de participación ciudadana que esconde la visión autoritaria y excluyente de Ortega.

Por su parte, el diputado de ALN Eduardo Montealegre denunció que los CPC son una organización paraestatal, con mecanismos de chantaje y terror con los que Ortega pretende gobernar de manera autoritaria y absolutista. Por su parte, el jefe del bloque legislativo del PLC, Maximino Rodríguez, acusó a Ortega de crear células partidarias para establecer un régimen cuartelario.

El presidente Daniel Ortega se defiende de las acusaciones argumentando que los CPC son un modelo de democracia participativa y no se le puede negar al pueblo su derecho a organizarse. Finalmente, el mandatario nicaragüense se ha salido con la suya y los comités se llevaran a cabo con la dirección de los mismo en manos de la primera dama.