Una semana más el conflicto en el estado de Oaxaca ha marcado la actualidad mexicana, con una nueva escalada. Las llamadas a la intervención del Gobierno federal, comienzan a multiplicarse, mientras que este se enfrenta al balance de una legislatura que amenaza con quedar marcada por este final turbulento. Además, el muro que construirá EEUU en la frontera supone un nuevo revés para el aún presidente, Vicente Fox.

Oaxaca sigue hacia el abismo. Después de los sucesos de esta semana, el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha pedido al Gobierno federal un nuevo pacto fiscal y ayudas presupuestarias que, en su opinión, servirían para acabar con el conflicto que mantiene inmovilizada la ciudad que él preside.

Ruiz busca una solución desesperada a un conflicto que no deja de apuntar a su cabeza ya que la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) pide ya directamente la dimisión de Ruiz. Pero según este, "la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura y productivos" sería la solución para acabar con los problemas de marginación que parecen constituir, para Ruíz, la verdadera causa detrás del conflicto.

Las peticiones de Ruiz son también una respuesta al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que propuso el pasado viernes una "reforma integral" del estado oaxaqueño que entre otros puntos incluiría la posibilidad de revocar el mandato del gobernador.

Con todo, la APPO sigue manifestando su determinación de acabar con el mandato de Ruiz y le ha acusado de encontrarse detrás de los últimos ataques con bomba a diversas sedes bancarias. En opinión de esta Asamblea, se estaría intentando crear el clima adecuado para una intervención armada apoyada desde el Gobierno federal.

Una declaración que se produjo después de que las sucursales del banco mexicano Banorte, del español Santander y de Banamex, propiedad del estadounidense Citibank, en la ciudad de Oaxaca fueron afectadas por explosiones de bombas de pequeña intensidad.

Cabe recordar que la ciudad mexicana de Oaxaca, en el sur del país, se encuentra en estado de sitio desde que, hace más de cuatro meses, miles de maestros iniciaron protestas en demanda de mejoras salariales a las que se sumó un grupo de extrema izquierda. Esta circunstancia, unido a la reticencia inicial del gobernador Ulises Ruiz de negociar, devino en una serie de actos violentos que hasta el momento han dejado varios muertos.

Fox hacia el balance de su legislatura. El Gobierno del presidente saliente Vicente Fox ha prometido resolver el problema antes de entregar la banda presidencial, el 1 de diciembre, al presidente electo Felipe Calderón. Para ello Carlos Abascal, secretario de Gobernación (Interior), ha seguido haciendo llamadas a la negociación.

Pero muchos creen que si estas conversaciones fracasan, llevarán al Gobierno a utilizar la fuerza y abrir la puerta a la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP).

De esta forma un nuevo borrón mancharía el final de la Presidencia de Vicente Fox que se abstuvo de emplear la fuerza en el bloqueo de los seguidores de Obrador en ciudad de México.

Todo ello en una semana, en que después de los intentos de Fox de alcanzar acuerdos con el presidente estadounidense, George Bush, el fracaso se ha hecho patente.

Bush ha firmado esta semana en el Estado de Arizona la ley que aprueba la construcción del muro, a pesar de los intentos del Gobierno mexicano por evitarlo

Con esta acción, EEUU ha demostrado que las notas diplomáticas y la carta dirigida al presidente por parte de las autoridades mexicanas, no han afectado la decisión tomada en este asunto.

Tanto Vicente Fox como el presidente electo, Felipe Calderón, han criticado el muro, al que tildaron de “vergonzoso”, y lo compararon con el Muro de Berlín, que separó Alemania durante el transcurso de la Guerra Fría. Pero ha sido en vano. Pese a ello, pese a las iniciativas legislativas que no ha podido aprobar, Fox ha intentado reivindicar su mandato, cuando su fin se acerca. Sin embargo, los últimos conflictos taparán en parte las reformas de su Gobierno.

Ahora además, seguramente, esta infraestructura –en la cual se van a invertir 1.200 millones de dólares (unos 950 millones de euros)- simbolizará una separación más allá de la meramente física entre EEUU y México, y las buenas relaciones que hasta ahora mantenía gran parte de Centroamérica con el país norteamericano posiblemente se enfriarán.

Calderón sigue su rumbo. Pese a todo, al igual que en las anteriores semanas, el presidente electo mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, no se ha dejado alterar por los acontecimiento y ha seguido con la presentación de sus planes.

Calderón ha presentado en el Congreso de la República su propuesta de agenda legislativa. Entre los puntos más significativos, Calderón ha señalado que no piensa en privatizar las empresas paraestatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Calderón ha puesto así fin a los rumores surgidos durante la campaña electoral al señalar en su agenda que el Estado debe conservar sus poderes en materia energética y fortalecer, "sin privatizar", a Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro. Para ello, el presidente electo propone fortalecerlas mediante mecanismos de transparencia y financiación, pero sobre todo, "dotarlas de instrumentos que les permitan cumplir mejor su cometido".

Calderón también anunció una serie de medidas orientadas a mejorar el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), tales como agilizar el marco legal de licitaciones de obras públicas, impulsar reformas que reduzcan la evasión fiscal y aumentar la eficiencia recaudatoria, o simplificar el pago de impuestos.

Estas medidas, han hecho afirmar a los principales bancos y agentes de bolsa mexicanos que durante el periodo de Gobierno de Felipe Calderón las variables económicas seguirán moviéndose en torno a los parámetros establecidos durante la Administración Fox.