En la línea de la nacionalización de los recursos naturales del país andino, el Ejecutivo boliviano está estudiando la reapropiación estatal de las minas, un proyecto cuyas líneas básicas serán esclarecidas el próximo 31 de octubre. La incertidumbre de los inversores privados, así como el escepticismo de los mineros cooperativistas, plantean serias dudas sobre el plan gubernamental. Y las recientes heridas del conflicto de Huanuni todavía no se han cerrado.

El presidente boliviano afirmó el pasado domingo que la riqueza minera de su país pasará a manos del Estado "bajo el control social del pueblo". Esta afirmación la hizo pública al anunciar una medida que podría aprobarse el próximo 31 de octubre, la misma fecha de la anterior nacionalización minera, en 1952, y que se deshizo tres décadas después de su aprobación.

Morales formuló el anuncio en una ceremonia de entrega de 30 tractores a los sindicatos agrarios del poblado andino de Challapata. "Habrá sorpresas con el estaño, la plata y el oro, esos minerales tienen que pasar al Estado boliviano bajo el control social del pueblo boliviano", apuntó el mandatario.

Asimismo, el nuevo ministro de Minería del país, Guillermo Dalence, anticipó la semana pasada que en el 31 de octubre iban a haber "novedades de la política minera de Bolivia, porque es el aniversario de la nacionalización de las minas". La minería boliviana se encuentra actualmente en manos privadas, después de que en 1985 fuese revertida la nacionalización, provocando que unos 30.000 mineros estatales quedaran en la calle.

Para intentar evitar la oposición del reticente sector privado, el Gobierno boliviano reafirmó el lunes pasado que el plan minero de reactivación de la minería estatal que empezará a funcionar a finales de este mes, y que será parecido a la nacionalización de los hidrocarburos decretada en mayo, no afectará a las inversiones privadas.

Así lo señaló el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien dijo ante los periodistas que el inversor privado "no tiene de qué preocuparse".

"El presidente (Evo Morales) está trabajando en eso (en la reactivación de la corporación minera estatal Comibol), pero la inversión privada extranjera y local, que invierte, que genera empleo, no se toca," indicó García Linera.

La declaración del vicepresidente se produjo en momentos en los que el Ejecutivo boliviano ultima los detalles para la firma de un contrato con la compañía india Jindal Steel and Power que contempla una inversión de 2.100 millones de dólares (1.675 millones de euros) en la explotación del gigantesco yacimiento de hierro de El Mutún.

Por otra parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), cuyos afiliados se enfrentaron a los mineros estatales en las minas de estaño de Huanuni provocando 16 muertos y 61 heridos, según cifras oficiales, se muestra escéptica ante la propuesta del Gobierno de Bolivia de contratar a 4.000 cooperativistas en la Empresa Minera Huanuni, una compañía estatal nueva creada por el Ejecutivo para acabar con el conflicto que ocurrió hace algo más de una semana.

Según un representante sindical de Fencomin, Pascual Huarachi, la oferta del ministro de Minería, Guillermo Dalence, para fijar un salario medio mensual de 400 dólares (319 euros) para los 4.000 cooperativistas en el yacimiento de Posokoni (Huanuni), es "un engaño".

Sin embargo, Huarachi ha dejado en manos de los mineros de Fencomin, que reúne a 64.000 trabajadores en todo el país, la decisión final de aceptar o no la oferta del Gobierno.

A su vez, el portavoz de la filial de Fencomin en la región de Huanuni, Prudencio Pacheco, ha anunciado que la oferta gubernamental tendrá una respuesta consensuada de los cooperativistas el próximo martes.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Minería, parece que al Gobierno del país andino se le abre un nuevo frente de resistencia. Pero ya no son sólo las empresas privadas opuestas a las nacionalizaciones de los recursos del país, sino parte de los bolivianos que votaron a Evo Morales: los mineros cooperativistas de Fencomin.