Aunque las encuestas apuntan a una victoria del diputado sandinista Daniel Ortega, las apuestas aún no están cerradas, y la incertidumbre está siendo la tónica dominante en la campaña que está viviendo estos días el país centroamericano, que vivirá sus comicios presidenciales y legislativos el próximo 5 de noviembre.

La ventaja de Ortega sobre su inmediato rival, el derechista Eduardo Montealegre, es de 11 puntos, según arrojaba recientemente un estudio realizado por la firma Cid Gallup. Esta diferencia no sería suficiente para alzarse con el sillón presidencial en una primera vuelta, con lo que la mayoría de los analistas políticos vaticinan una segunda ronda.

El 33% de intención de voto que actualmente ostenta el candidato sandinista estaría muy alejado del 17% que obtendría el ex vicepresidente José Rizo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la coalición que actualmente gobierna el país, pero no sería suficiente para alcanzar el 35% mínimo requerido para proclamarse vencedor automáticamente.

La próxima semana 3,6 millones de nicaragüenses están llamados a las urnas, en unos comicios muy caldeados, en los que se elegirá también a los 90 diputados del congreso unicameral. Los recientes acontecimientos acaecidos en Nicaragua han elevado la tensión y avivado la curiosidad internacional.

Daniel Ortega, además de ser ex presidente del país, es un viejo conocido de EEUU, ya que en los años 70 fue un destacado activista de la lucha sandinista contra la dictadura de Somoza, y en los 80, durante su mandato, se convirtió en un peligroso adversario para los norteamericanos, debido a su proximidad con Cuba y la ex URSS.
Tanto el Consejo Supremo Electoral (CSE) como las Fuerzas Armadas de Nicaragua han establecido un férreo control en el país para que las elecciones se desarrollen con la máxima normalidad posible. Unos 8.000 soldados patrullarán las más importantes ciudades para velar por la seguridad de los votantes, y además se contará con más de 200 medios terrestres, navales y aéreos.
Aun así, un comunicado de prensa enviado a mediados de semana por el Departamento de Estado de EEUU ponía en alerta a sus conciudadanos y a los norteamericanos que visitaran el país durante el periodo electoral, por el temor de revueltas y manifestaciones violentas en el caso de que se alzase victorioso Ortega.

Además el visto bueno de la mayoría del Parlamento de una nueva ley anti aborto ha alborotado aun más el ambiente. De aprobarse definitivamente este nuevo reglamento, el aborto terapéutico estaría penado con hasta 30 años de cárcel, lo que significa que legalmente ninguna mujer podría abortar bajo ninguna causa.

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han contestado a esta propuesta con duras críticas. Diplomáticos europeos y de la Organización de naciones Unidas (ONU) aconsejaron a los dirigentes nicaragüenses que propusieran el debate para después de los comicios, ya que este tema podría resultar muy espinoso. Los defensores de derechos humanos fueron tajantes con su condena, y argumentaron que Nicaragua es uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de violaciones en adolescentes.