El fiscal general, de EEUU, Alberto Gonzales, enmarcó esta semana su visita a España en el deseo de la Administración Bush de explicar a la opinión pública española la política antiterrorista estadounidense que considera que es “mal entendida en Europa” por estar basada en un ordenamiento jurídico diferente.

Gonzales hizo estas afirmaciones en una rueda de prensa conjunta con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tras la quinta reunión de trabajo que mantuvieron para profundizar en la cooperación España-EEUU en materia de terrorismo.

La conferencia de prensa era esperada con gran expectación por más de un centenar de periodistas, que se quedaron sorprendidos por el hecho de Gonzales, a pesar de ser el primer hispano que ocupa el cargo de fiscal general en EEUU, no hablara ni una palabra de español, lo que hizo necesario el uso de traducción simultánea.

A pesar de lo mucho que se esperaba del acto, finalmente el fiscal estadounidense sólo respondió a dos preguntas y pasó de puntillas sobre el denominado proceso de paz español, del que dijo no iba a hacer comentarios por tratarse de asunto de política interior española.

Respecto a la polémica suscitada en Europa sobre ley que autoriza al Gobierno de EEUU para detener, interrogar y enjuiciar a los sospechosos de terrorismo y llevarlos ante tribunales militares, aprobada recientemente por el Congreso estadounidense, el fiscal dijo que esta normativa refleja la preocupación de su gobierno porque “estamos en guerra contra el enemigo” para a continuación quejarse de las críticas que está recibiendo en el Viejo Continente dicha normativa que “perjudica la imagen de EEUU”. Acto seguido, el fiscal dijo que su país es “el faro de la esperanza” y el líder del mundo” y que sus actuaciones antiterroristas respetan el Estado de Derecho.

El fiscal general de EEUU dijo desconocer las sentencias españolas que consideran nulas las pruebas presentadas contra presos españoles encarcelados en Guantánamo por considerarlos un “limbo jurídico” y, después, se puso a explicar el debate que existe en su país respecto a las pruebas obtenidas mediante tortura, aunque echó balones fuera al asegurar que la decisión final al respecto la tomará una comisión militar.

Las alusiones a los interrogatorios con tortura, sobre los que ningún periodista le preguntó, sorprendieron a su concurrencia, ya que antes de su nombramiento, y cuando era asesor legal de la casa Blanca, su nombre quedó envuelto en cierta polémica por su participación en la redacción de un informe defendiendo que la Convención de Ginebra no se puede aplicar a los presos capturados en Afganistán y encarcelados en la base militar de Guantánamo, así como en otros estudios oficiales en los que justificaba el uso de la tortura con supuestos terroristas.