Las empresas, a través de las Cámaras de Comercio, han alertado hoy sobre el peligro para el crecimiento económico que supone la lentitud de la Justicia y la complejidad del marco normativo. Un debate que durante dos días ha implicado esta semana en Madrid a gestores corporativos magistrados y jueces.

El Príncipe de Asturias ha sido el encargado de inaugurar las primeras jornadas del ‘Foro Justicia-Empresa’ que se celebran en Madrid, entre hoy y mañana, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Fundación BBVA.

En su intervención, Don Felipe ha calificado el funcionamiento de la Justicia como factor decisivo para la “creación de riqueza” y la competitividad de los países, un binomio ha sido destacado también por todos los asistentes al acto: el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco Jóse Hernando; el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el presidente de las Cámaras, Javier Gómez Navarro; el del BBVA, Francisco González, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

A pesar de que el ministro hizo un repaso de las medidas emprendidas por el Ejecutivo para mejorar la eficacia de la Justicia y de que el presidente del Poder Judicial informó que se ha aumentado la formación en derecho económico y mercantil de jueces y magistrados, los representantes de las Cámaras pusieron de manifiesto que aún queda mucho por hacer para que los engranajes de la relación justicia-empresas funcionen a la perfección en España.

Según Gómez Navarro “desde el terreno empresarial se sigue percibiendo un cierto desajuste entre las demandas de las empresas, las condiciones que imponen los mercados y la escasez de medios que afectan a la Justicia”, una situación que repercute en “la necesaria celeridad en la resolución de determinados procesos judiciales, propios de las relaciones comerciales”. Por lo que insta a “encontrar fórmulas prácticas que agilicen la Administración de Justicia”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, alertó de la barrera infranqueable para los empresarios que supone el exceso de regulación y la pérdida que puede suponer para la competitividad un entramado regulatorio complejo. Aunque, en su opinión, lo que más afecta a la seguridad jurídica de las compañías en nuestro país no es la calidad de las resoluciones, que considera alta, por la mayor especialización de los jueces, sino “la demora de las mismas”. Por ello, pidió más medios materiales y expresó su preocupación por que los juzgados de lo mercantil se queden pronto desbordados por la cantidad de casos que deben resolver.

El presidente del Tribunal de la Competencia, Luis Berenguer, defendió el papel que la competencia de cara a que las compañías aumenten su competitividad y explicó que no debe entenderse como un límite a la libertad de empresa ni una forma de intervencionismo. Además, Berenguer insistió hoy en que el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, actualmente en tramitación parlamentaria, “acortará los procedimientos y reforzará la independencia”de esta institución con respecto al Gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid presentó el primer coloquio con una intervención para subrayar que “la seguridad de que las reglas de juego no van a cambiar a mitad de la partida es la que permite el desarrollo económico de un país” y que lleguen las inversiones. Dijo que a mayor inestabilidad política y jurídica mayores son los riesgos para la inversión, y puso como ejemplo los casos de Venezuela y Bolivia.