Según declaraciones realizadas a Americaeconomica.com por un portavoz del segundo sindicato de Brasil por número de afiliados, Força sindical, las centrales sindicales llevan a cabo una presión conjunta para que el Congreso brasileño elimine del proyecto de Ley de regulación jurídica de los sindicatos una cláusula que les haría perder una financiación de 50 millones de dólares (unos 35 millones de euros) anuales.

En las mismas declaraciones se informó a este diario que en su intento por salvar el dinero, las principales organizaciones sindicales se han reunido con el nuevo presidente del Senado, Tião Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), quien se mostró a favor de la aprobación completa de esta reforma sindical, a la vez que selló un pacto con los representantes obreros para garantizar los derechos de los trabajadores y la organización sindical del país.

La presión sindical comenzó hace dos semanas, cuando estas organizaciones pidieron al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que las regulara jurídicamente. En aquel momento, otras fuentes aseguraron a Americaeconomica.com que el objetivo de la propuesta era que las centrales sindicales estén dentro de una estructura legal sólida y así poder constituirse un actor importante en el diálogo social. Pero además, si el Gobierno aprueba esta reforma, las centrales sindicales tendrán más financiación y podrán luchar más por el bienestar de los trabajadores y sus beneficios.

Esto supondría que del 20% del impuesto sindical que se queda el Estado brasileño, las centrales sindicales recibirían un 10% de esa cantidad. Serían 50 millones de dólares que se embolsarían las centrales sindicales y que dejarían de guardarse en las arcas públicas.

La posibilidad de que los sindicatos consigan una financiación adicional es posible puesto que el mandatario brasileño no tendrá más remedio que conceder a los representantes de los trabajadores lo que piden, puesto que esta propuesta se ha realizado en un momento en que los miembros del Movimiento Sin Tierra (MST), apoyados por los sindicatos, presionan a Lula para que renacionalice la compañía Vale Do Río Doce (CVRD), la mayor empresa del país, como así constaba en una promesa electoral del gobernante brasileño.

Incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la presión que las centrales sindicales llevan a cabo en los últimos días, de la de los partidarios de la renacionalización de CVRD y de que la reforma sindical ya ha sido aprobada por el Senado, es inevitable que los sindicatos tengan miedo de quedarse sin financiación después de la votación en el Congreso, por mucho que la Ley salga adelante.

Esto podría suceder, puesto que cuando el Senado votó la semana pasada la reforma, un grupo de diputados opuesto a ella, presentó una cláusula para que no se financiaran estas centrales con el impuesto sindical, y la medida salió adelante.

Por eso, de la misma manera que se aprobó la regulación sindical en el Senado, pero no su financiación, podría suceder lo mismo en el Congreso brasileño el próximo 15 de noviembre, fecha en que la Cámara baja votará para decidir finalmente el futuro de la propuesta.

Sin embargo, miembros de los sindicatos ya han asegurado a este diario que si algo así sucede y el Gobierno les niega la financiación, recurrirán a Lula da Silva para que ejerza su derecho al veto y bloquee la medida.

La única duda que queda por desentrañar, es si Lula ‘tenderá la mano' a los trabajadores y se hará partícipe de ayudar a los que un día fueron sus semejantes.