Como era de esperar, el proceso de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos se está encontrando con infinidad de obstáculos. Hay ingentes cantidades de dinero en juego y muchos intereses que, al final, pueden impedir que la mayoría de los pobres de Bolivia se beneficie de esta polémica medida del Gobierno del país andino. Evo Morales topó con las petroleras... y con la corrupción de altos cargos de la Administración. Un escenario que ha contribuido a agravar las ya de por sí malas relaciones entre el Gabinete boliviano y las empresas energétias que operan en el país.

El Ministerio Público de Bolivia llevó a cabo hace una semana un registro en el que tres fiscales, acompañados de medio centenar de agentes armados, allanaron la sede central de Andina en busca de documentación sobre un contrato supuestamente ilegal que habrían suscrito la compañía española y la brasileña Petrobras para realizar un ajuste de precios sobre el gas vendido a Brasil. El registro derivó en la detención y el arresto domiciliario limitado de Saúl Encinas, auditor de Andina, acusado de "estafa agravada".

Según el Gobierno de La Paz, los perjuicios causados a Bolivia por ese acuerdo, firmado en 2002 y cancelado a mediados de este mes, rondan los 160 millones de dólares (125,5 millones de euros), aunque Repsol YPF ha indicado que el convenio fue legal y no causó daños al Estado boliviano.

La petrolera Repsol YPF respondió dos días después al asalto con un comunicado en el que indicaba que iniciará las medidas legales que considere oportunas "ante todos los foros de justicia independientes, nacionales e internacionales" en la defensa de sus derechos y los de sus empleados si persitía la "injustificada y reiterada persecución judicial" de las autoridades bolivianas que, a su juicio, sufre Andina, la filial de la compañía en Bolivia.

Este comunicado fue respondido a su vez, por el viceministro de Hidrocarburos boliviano, Julio Gómez, quien advirtió el pasado martes que el Ejecutivo de Evo Morales no aceptará "bravuconadas" y que el Estado boliviano también podría recurrir a "estrados internacionales" para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que "saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros".

Después de las enfurecidas palabras Gómez, fuentes solventes de Repsol YPF indicaron a Americaeconomica.com que la compañía petrolera se reafirmaba en el comunicado que emitió el domingo pasado y que la empresa quería evitar la polémica con el Gobierno de Bolivia, por lo que de momento no contestaría a las acusaciones verbales y sólo lo haría cuando se produjeran hechos concretos.

Y en medio de la disputa con Repsol YPF, el Gobierno boliviano destituía el pasado lunes al presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado. Su sustituto sería Juan Carlos Ortiz, que hasta entonces ocupaba una de las vicepresidencias.

Alvarado había sido acusado de infringir el decreto de nacionalización de hidrocarburos con la firma de algunos contratos que habrían provocado unas pérdidas de 38,5 millones de dólares (30 millones de euros) al Estado. Alvarado rechazó haber cometido algún acto de corrupción, según se le ha acusado desde algunos periódicos locales.

Además, el Gobierno ha sustituido a algunos miembros de la Administración que habían lanzado acusaciones contra Alvarado, como Victor Hugo Sainz, superintendente de Hidrocarburos, que será sustituido por Santiago Berrios, juez de la Corte Suprema. El Gobierno también destituyó al viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, y nombró para el mismo cargo a Guillermo Aruquipa, asesor del presidente Evo Morales. Los cambios también han afectado a otros altos cargos de la Superintendencia de Hidrocarburos.

La Fiscalía de Bolivia extenderá su investigación a Andina, por un presunto perjuicio económico al Estado boliviano por un contrato con la brasileña Petrobras, que podría prolongarse durante los próximos seis meses. Aunque el fiscal ha advertido que podrían pedirse las comparecencias de más directivos de la petrolera y añadió que las órdenes de comparecencia ante la Justicia afectan ya a unos 20 directivos de Andina.

A día de hoy, YPFB ya tiene en su mano los resultados preliminares de las auditorías que se llevan realizando desde hace un mes a las petroleras extranjeras que operan en el país andino, incluida la propia Repsol YPF, aunque estos informes no empezarán a conocerse hasta dentro de una o dos semanas.

Las conclusiones de las auditorías marcarán el curso de las negociaciones con las petroleras foráneas en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, pues con ellas se pretende constatar si las petroleras cumplieron o no con los contratos firmados y con las inversiones pactadas en los últimos años.

Las auditorías se están realizando en 56 campos petroleros operados por nueve compañías, entre ellas Andina, la filial de Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la franco-belga Total Fina Elf y las británicas British Gas y British Petroleum.

Según cifras de las empresas, en la última década han invertido cerca de 3.000 millones de dólares (2.343 millones de euros), de los que una mitad se destinó a la exploración de campos petrolíferos y la otra mitad a la explotación de hidrocarburos. Pero la cortina de humo parece que se extiende ya sobre cualquier dato de una u otra parte.

Hace falta más firmeza para lograr con verdadero éxito la nacionalización de los recursos naturales de Bolivia, lo que no significa la necesidad de vistosos asaltos a las explotaciones de crudo, ni enconadas declaraciones salpicadas de revanchismo. Es primordial el diálogo sereno entre el Gobierno y las petroleras, que se resistirán a ceder gratuitamente sus abundantes beneficios, pero también es vital el trabajo escrupuloso de los funcionarios del país para evitar la corrupción. Sólo así se conseguirá el noble objetivo de la nacionalización: acabar con la miseria que sufren la mayoría de los bolivianos.

Impuestos. Pero las disputas no acabaron ahí. El pasado jueves, el Gobierno de Evo Morales advirtió a Repsol YPF, Petrobras y la francesa Total que no podrían operar en Bolivia si no pagaban el tributo adicional del 32% de la producción anunciado el pasado 25 de agosto, y que se incluía en el decreto que sobre la nacionalización de los hidrocarburos publicado el pasado 1 de mayo. Con estos recursos, el Gabinete de Morales pretende impulsar la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).

Unas horas después Repsol YPF, Petrobras y Total anunciaron que pagarían pagarán durante la jornada del viernes la primera cuota del citado tributo derivado de las operaciones en los campos de gas de San Alberto y San Antonio, correspondiente al mes de mayo, y que asciendía a 25 millones de euros.

Fuentes de Repsol YPF aseguraron que la compañía pagará su parte correspondiente, siguiendo los pasos de Petrobras, que también había afirmado que depositaría el dinero en la cuenta del Banco Central Boliviano habilitada para el efecto por el Ministerio de Hidrocarburos.

El operador de los citados campos es Petrobras, pero Repsol YPF tiene una participación del 50% por un 35% de la brasileña y un 15% de Total. Cada una pagará 12,6 millones, 8,8 millones y 3,7 millones de euros, respectivamente.

Desde Repsol YPF se precisó que en los posteriores pagos correspondientes a las cuotas de junio, julio, agosto y septiembre, cuyos plazos vencen el 11 de septiembre, el 18 de septiembre, el 25 de septiembre y el 2 de octubre respectivamente, “se haría lo mismo” que decida Petrobras.

En cualquier caso, las disputas van a continuar... y más pronto que tarde.