El Tribunal Arbitral del Mercosur parece haber puesto algo de paz en las diferencias que mantienen Argentina y Uruguay con motivo de la construcción de dos compañías papeleras de capital europeo. De momento, ambos países han expresado su conformidad con el fallo del Tribunal sobre la demanda uruguaya por el bloqueo de dos puentes fronterizos por parte de manifestantes argentinos que se oponen firmemente al proyecto de las papeleras en la localidad fronteriza de Fray Bentós, en las inmediaciones del río Uruguay, que separa a los países vecinos.

La luz verde que ha otorgado el Senado argentino a la implementación de un fondo dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur) para superar las asimetrías existentes entre los miembros del principal bloque comercial de Sudamérica, también parece haber tenido algo que ver en esta tregua temporal, después de que Uruguay manifestase su disgusto con la forma en que se estaban repartiendo los beneficios de la integración comercial.

El dictamen del Tribunal Arbitral. El órgano judicial ha señalado que Argentina debió haber tomado “las debidas diligencias para prevenir, ordenar, o en su caso, corregir los cortes de las rutas que unen a ambos países”, pero puntualiza que, en atención a las circunstancias del caso, “no resulta procedente que se adopten o promuevan determinaciones sobre conductas futuras”.

El Tribunal 'ad hoc' del Mercosur estuvo presidido por el español Luis Martí Mingarro y contó con la representación de Carlos Barreira, por la parte argentina, y de José María Gamio por la uruguaya. No es de extrañar entonces que la mediación arbitral parezca, en cierta forma, haber hecho encaje de bolillos para no agraviar aún más la polémica entre ambos países.

Los tres jueces resolvieron que Argentina no deberá "afrontar ninguna sanción" por los perjuicios provocados por los cortes ya que considera que el Gobierno argentino, presidido por Néstor Kirchner, actuó "de buena fe y de manera racional" al afrontar la situación.

Sin embargo, el Tribunal también admite que se violó el Tratado de Asunción en su artículo primero y hubo ausencia de la "diligencia debida" por parte de Argentina, por lo que advierte frente a la posibilidad de que un hecho de estas características pueda volver a repetirse.

El Gobierno uruguayo se considera entonces parcialmente satisfecho ya que "un fallo de esta naturaleza tiene un componente moral y político entre los dos países muy importante", señaló el ministro de Asuntos Exteriores uruguayo, Reinaldo Gargano.

No obstante, Gargano no descartó que su Gobierno ponga una nueva demanda ante un órgano jurisdiccional aún por definir y plantear una demanda por daños económicos, decisión que en todo caso correspondería al presidente Tabaré Vázquez.

Reservas cara al futuro. Sin duda, no hay que olvidar que el malestar uruguayo ante esta demanda se ve atenuado por un doble motivo: el Tribunal de la Haya aún ha de decir la última palabra en lo que se refiere al proyecto de las papeleras, y el Gobireno argentino ha dado un paso importante a la hora de satisfacer sus demandas.

Así, el Senado argentino ha aprobado un proyecto para la Integración y Funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural y el Fortalecimiento de la Estructura Institucional del Mercosur. Un mecanismo que en cierta manera actuará como los fondos estructurales europeos a la hora de reducir las diferencias entre los diferentes socios del bloque comercial

El senador socialista argentino Rubén Giustiniani incidió en la presentación del proyecto de Ley ante la Cámara parlamentaria que "este fondo dará una respuesta concreta a las demandas planteadas por Uruguay y Paraguay". Estos países habían manifestado últimamente que no percibían los beneficios de la integración y que, de continuar así, podrían replantearse su permanencia en el bloque. Uruguay inclusoha iniciado negociaciones con EEUU con vistas a un TLC, lo que se opondría a las normas de Mercosur.

Este acuerdo fue suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, socios fundadores de la unión aduanera, en junio de 2005, antes de la incorporación de Venezuela al mercado común del Cono Sur. Ahora comienza a cobrar visos de hacerse realidad, aunque aún deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados. Se prevé que el fondo sea de 100 millones de dólares (78 millones de euros), que deberán ser aportados anualmente por los cinco países mediante porcentajes diferentes y en base al Producto Interno Bruto de cada uno. Brasil y Argentina contribuirán con el 70% y el 27%, respectivamente, ya que aún está por consignar la parte venezolana.

Finalmente, a Uruguay tampoco le conviene quemar todas sus naves, ya que un fallo en su contra de la Corte Internacional de Justicia de La Haya podría obligarla a renegociar con una Argentina que, según analistas consultados por Americaeconomica.com tan sólo lamenta que las papeleras se construyan en la otra parte del río y que los beneficios, por tanto, no repercutan en ella.

El Gobierno de Argentina argumenta ante el Tribunal que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, firmado por los dos países en 1975, por el cual las dos naciones se comprometían a administrar en forma conjunta ese curso de agua, que hace de frontera entre los dos países.

Sin duda, una vez se conozcan la decisión de La Haya, se podrá valorar hasta que punto la paz ha llegado a Mercosur.