Evo Morales no sólo se enfrenta a las petroleras extranjeras en su proceso de nacionalización de los hidrocarburos y la redacción de una nueva Constitución para Bolivia, sino también a los sectores más adinerados del país, que este viernes han paralizado cuatro provincias orientales. Pero el mandatario boliviano no está solo: cocaleros y campesinos han anunciado que tomarán las armas para protegerle. De esta forma, vuelven a relucir una vez más la hondas diferencias entre la mayoría pobre y la minoría rica del país andino.

Este paro regional es la mayor medida de presión que le toca afrontar al gobierno de Morales, quien está a punto a cumplir ocho meses de gestión. Después una etapa inicial de relativa tranquilidad, en las últimas semanas la vida nacional se ha agitado fuertemente.

La decisión de ir a la huelga fue tomada el martes por asociaciones civiles, empresarios, líderes políticos locales y gobernadores de las cuatro regiones más ricas de Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) para exigir que la nueva Constitución sea aprobada en todas sus instancias por dos tercios de los votos de los representantes en la Asamblea Constituyente. El partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), tiene allí la mayoría absoluta pero no llega a los dos tercios.

En los últimos días, los sectores empresariales de Santa Cruz y las otras regiones anunciaron adhesión al paro, pero sectores sindicales y de comerciantes, como no había ocurrido en el pasado ante decisiones similares, dijeron que trabajarán normalmente.

Según mostraron el viernes las imágenes transmitidas por distintas televisiones de Santa Cruz, a unos 570 kilómetros al oriente de La Paz, la circulación de los vehículos y las actividades públicas y privadas se paralizaron significativamente, pero sin denuncias de incidentes.

Por su parte, Morales ha descalificado el paro regional convocado por los dirigentes políticos de la región llamada ''Media Luna'', y ha insistido en que la protesta obedece a intereses políticos para desestabilizar a su Gobierno y sabotear la Asamblea Constituyente.

Además, el ministro de Defensa boliviano, Walker San Miguel, anunció un día antes del paro que las Fuerzas Armadas de Bolivia investigarán a los grupos considerados "secesionistas" por el Gobierno, haciendo clara referencia a los promotores de la huelga.

El ministro precisó que las investigaciones comenzarían con un grupo llamado "Nación Camba", con sede en la oriental ciudad de Santa Cruz, que manifestó el martes pasado que la región de Santa Cruz debería de independizarse si Evo Morales continúa con sus "planes hegemónicos".

"Estamos averiguando quiénes son esas personas y qué financiación tienen para hablar de separación y división'', dijo San Miguel después de señalar que ha ordenado a las Fuerzas Armadas comenzar las investigaciones.

Esta huelga ha vuelto a poner de manifiesto la división de clases que sufre Bolivia, pues en los cuatro departamentos más ricos en los que hoy se convocó al paro, ubicados en la Amazonía y Chaco bolivianos, ganó el "sí" en el referéndum sobre las autonomías realizado en julio y en ellos se concentra la mayor oposición a Morales, especialmente en Santa Cruz, el motor económico del país.

En las otras cinco provincias, todas ellas andinas o vallunas, ganó el "no" a las autonomías y la decisión de mantener el sistema unitario actual, como pedía el oficialismo de Evo Morales.

La semana pasada, se aprobó en la Asamblea Constituyente que el texto completo de la nueva Constitución sea aprobado por dos tercios de votos y los artículos por mayoría simple. El MAS y sus aliados reúnen más de 60% de la cámara.

Y para añadir más leña al fuego, cocaleros y campesinos partidarios de Morales anunciaron que van a tomar las armas para defender al Gobierno y la Asamblea Constituyente. Se trata de la Federación de campesinos de Las Yungas, que a través de su secretario general, Fabio Pérez, hizo saber que "los cambios, la historia nos ha demostrado que se hacen a veces con las armas".

La situación en Bolivia es frágil. Algunos medios alertan de futuros enfrentamientos armados, mientras que tanto campesinos y cocaleros como empresarios de las provincias con más recursos están polarizando sus posiciones cada vez más.