La reducción de las bolsas de pobreza en Brasil se presenta como el mayor activo electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones del próximo domingo. Si bien el presidente no ha logrado cumplir íntegramente su compromiso de las pasadas elecciones de que todos los brasileños tendrían al menos tres comidas al día, sus programas sociales han consalidado su popularidad entre los sectores más bajos de la estructura económica. Sin embargo, la ortodoxa política económica del Gobierno de Lula ha beneficiado también a los empresarios, lo que en este caso no le ha bastado para garantizarse su apoyo.

Tanto es así, que el ministro de Hacienda, Guido Mantenga, ha criticado esta misma semana a los empresarios que apoyan al líder opositor Geraldo Alckmin, del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), ya que, según Mantenga, ha sido durante el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) cuando "los empresarios han obtenido mayores beneficios y facilidades para hacer negocios".

Mantenga respondía así a una encuesta que reflejaba el incremento del apoyo entre el sector empresarial a Alckmin, una situación que según el ministro de Hacienda respondería al corporativismo social, al pertenecer el líder opositor a la misma clase social que la mayoría de los empresarios.

De ahí que el principal activo de Lula sea la reducción del porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza en cinco puntos porcentuales entre 2003 y 2005, una estrategia que persistirá este año, según un estudio de la fundación privada Getulio Vargas.

Pese a que el informe también indica que todavía el 23% de los brasileños vive en la extrema pobreza, con menos de 55 dólares (43,5 euros) mensuales, las causas de su reducción suponen un refuerzo para Lula, ya que parecen deberse a dos medidas concretas del actual Gobierno: el aumento del salario mínimo y el principal programa de ayuda social del Gobierno, denominado Bolsa-Familia.

La elección de apoyos: pobres frente a empresarios. Sin embargo, pese a su éxito, estas medidas ser parte de la causa del apoyo de los empresarios a Alckmin. Así gran parte de los economistas que se han pronunciado sobre el proceso electoral ha manifestado que independientemente de quién gane las elecciones brasileñas el próximo domingo, el candidato elegido deberá acelerar el ritmo de crecimiento de la economía de Brasil. Entre las diversas medidas que proponen destaca una: la limitación en la subida del salario mínimo.

Otras medidas apuntan a una disminución del gasto en pensiones y salarios de los funcionarios, la extensión de una fuente crucial de ingresos tributarios y una mayor flexibilidad en la administración del presupuesto.

La razón de fondo de estas actuaciones sería responder al incremento del gasto del Gobierno del actual presidente que lo ha hecho en un 14,8% este año, reduciendo el superávit presupuestario primario (del que se excluye el pago de intereses de la deuda externa) hasta julio a un 4,33% del Producto Interior Bruto (PIB), la tasa más baja en unos dos años.

"Dada el alza en los gastos este año, el Gobierno tendrá que reducir el ritmo del crecimiento de gastos en 2007. Eso es la primera cosa que debe hacerse", ha dicho José Carlos de Faria, economista jefe para Brasil del Deutsche Bank en Sao Paulo.

El gasto hasta ahora ha excedido el alza del 11,1% en los ingresos tributarios y buena parte de ello ha sido, precisamente, como resultado de una medida del Gobierno para aumentar el salario mínimo por encima de la inflación.

El llamado incremento real del salario repuntó al 13% en 2006 frente al 7,9% en 2005, el 2,2% en 2004 y un 0,5% en 2003.

El incremento del salario mínimo ha tenido así un efecto dominó en las finanzas públicas de Brasil, debido a que los beneficios de la seguridad social y los salarios de los empleados públicos se vinculan a esas alzas salariales.

Como consecuencia, diversos informes apuntan a que Brasil no está creciendo al mismo ritmo que otras economías de la región. Aunque estos informes también hablan "de un ambiente institucional ineficiente, una cultura excesivamente burocrática y una economía basada en la informalidad".

Así las cosas, según parece, los grandes inversores siguen sin apostar por Lula, pese a que se había dicho que éste, con su ortodoxia económica, había conseguido ganarse su apoyo. También pese a que el Consejo Monetario Nacional de Brasil ha anunciado que reducirá el tipo de interés de largo plazo sobre los préstamos para el desarrollo financiados por el Estado a un mínimo histórico del 6,85% anual en el cuarto trimestre. Una medida que apunta a impulsar la inversión, según dijo el miércoles el ministro de Hacienda, Guido Mantega.

Las cifras respaldan a Lula. A lo largo de la semana, los bancos de inversión de EEUU se retiraron del mercado brasileño, forzando una bajada del real, para intentar disminuir la ventaja de Lula sobre su rival y obligarle a presentarse a una segunda ronda en las elecciones del país, y dar así una oportunidad de vencer a sus rivales.

Sin embargo, probablemente los bancos de inversión estadounidenses no tuvieron en cuenta la reacción mecánica de las empresas del país, que aprovecharon esta situación para vender dólares, un movimiento que automáticamente provocó la recuperación del real.

Además, a lo largo de la semana se han presentado otras noticias positivas para el actual Gobierno como la cifra récord que el sector público de Brasil registró en el mes de agosto con un superávit primario de 13.182 millones de reales (4.754,5 millones de euros). Una cifra que sitúa el superavit primario en los últimos 12 meses en una cantidad equivalente al 4,47% del Producto Interior Bruto (PIB), con lo que se sitúa por encima de la meta fiscal del 4,25% del PIB marcada para este año.

Incluso la deuda líquida total del sector público, que representa aún un 50,3% del PIB, se sitúa por debajo de la esperada por el Banco Central para el cierre del año, un 50,5%.