Todos los indicios apuntan a que más pronto que tarde, la inestabilidad que vive México por el rechazo de Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al resultado electoral que reconocía a Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN), como presidente electo y la deriva de la protesta del gremio de maestros en el estado de Oaxaca en una auténtica confrontación civil, acabarán afectando el atractivo del país azteca de cara a los inversores internacionales. Un país que, por otra parte, tampoco ha hecho los deberes en el último año.

Los cambios estructurales pendientes. En esa dirección apunta el último informe del Foro Económico Mundial que en su índice de competitividad sitúa a México en el puesto 58, mejorando tan sólo una posición respecto al año anterior. El documento también incide en que si bien el país azteca ha mejorado en apartados como salud y educación, otros como el crimen y la violencia resultando preocupantes.

Aunque el análisis se terminó de realizar en abril, por lo que no toma en consideración los últimos eventos de violencia en Oaxaca, ni midió el clima pos-telectoral, el economista jefe del Foro Económica Mundial, Augusto López-Claros, señala en sus conclusiones que, sin duda, esta situación no ayudará a México a mejorar en el ranking y atraer una mayor inversión internacional.

"La actitud del señor López Obrador con relación a los resultados de la elección crea una percepción del grado de desarrollo del país, y lo que se ha visto de México en los últimos meses no ha ayudado", ha señalado López-Claros.

El economista, incidió también en que el futuro Gobierno de Calderón tendrá que ocuparse de los problemas de corrupción y de inestabilidad. "Uno ve en México una debilidad institucional, por el funcionamiento del sistema judicial, por la confianza que tienen la sociedad civil y la comunidad empresarial en la honestidad de los políticos, y por los niveles de crimen o la eficiencia de la Policía".

Además, el nuevo Gobierno mexicano tendrá que hacer frente a otras tareas pendientes como las señaladas por el regulador anti-monopolio de México, la Comisión Federal de la Competencia (CFC), que ha dado un primer toque de atención a los bancos y a los fondos privados de pensiones (Afores) del país azteca por los altos tipos de interés que imponen a sus clientes. Una práctica bajo la que se escondería una situación de falta de competencia en el sector financiero, que ya fue denunciada el pasado mes por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (Cepal).

Por todo lo anterior, no es de extrañar que las primeras iniciativas que Felipe Calderón ha presentado para su futuro Gobierno vayan en la dirección de atajar los déficit estructurales señalados. Esta misma semana, Calderón ha propuesto penas más severas, incluso la cadena perpetua, para los delitos que más agravien a la sociedad, como el secuestro.

En su propuesta de agenda nacional que ha repartido a los diferentes partidos políticos, Calderón señala que la ausencia de seguridad pública "ha frenado la capacidad de progreso y desarrollo en el país, ha erosionado la confianza e impedido la construcción de capital social". Entre las medidas con las que pretende atajar este problema se incluyen la depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos, ampliar el ámbito de atribuciones de la policía preventiva; y establecer procedimientos más ágiles de justicia penal, incluyendo los juicios orales.

Oaxaca exige respuestas. Pero probablemente antes de esta medida de fondo, el Gobierno mexicano, aún presidido por Vicente Fox, tendrá que tomar decisiones más urgentes. Esta semana, después de que la directiva provisional de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) declarase un estado de "alerta roja", con lo que se extendían a 2.000 los bloqueos nocturnos a calles y avenidas de la periferia de la ciudad y se reforzasen las barricadas colocadas en el Primer Cuadro del Centro Histórico, se ha vivido una auténtica "noche de terror" en el estado. Disparos, barricadas en llamas y el tráfico descontrolado de vehículos han marcado el trascurrir de la última noche.

Una respuesta brutal en su contundencia al último intento del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, para mantenerse en el poder. El gobernador había hecho una propuesta para finalizar con la huelga de maestros que inició el conflicto. Cayó en saco roto. Posteriormente, Ruiz, visitó junto al presidente nacional de su partido, el Partido Revolucionario Insitucional (PRI), Mariano Palacios Alcocer, al Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y posteriormente al presidente electo, Felipe Calderón.

Las salidas que Ruiz presentó al Gobierno federal fueron tres: el acuerdo político, un paquete económico con autonomía presupuestaria y el inminente envío de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo desde Oaxaca se reclama unánimemente su dimisión. Pero esa medida amenazaría directamente al futuro Gobierno de Calderón.

Ruiz y Calderón: destinos paralelos. Once de los 17 Gobernadores del Partido Revolucionario Institucional mexicano (PRI) dejaron claro esta semana que su respaldo a Ulises Ruiz es firme. Los mandatarios pidieron así al Gobierno federal no alentar ninguna salida política al conflicto en el estado de Oaxaca que significase la dimisión de Ruiz o la desaparición de poderes en la entidad.

Al término de una reunión entre los goboernadores y el actual Gobierno, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, anunció: "La salida del gobernador no es un tema en la mesa de negociación" y aclaró que, "si bien el uso de la fuerza pública no ha sido considerado, tampoco es una idea descartada".

Se ponía así fin a las especulaciones levantadas por Jorge Zermeño, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del partido gobernante, que había apuntado que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz sería "bienvenida", si ello representaba una salida al conflicto en Oaxaca.

Todo apunta entonces a una futura intervención de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca, pero tampoco parece este el mejor clima para alentar la inversión.

El futuro Gobierno. Sin embargo, Felipe Calderón, sigue con sus planes de Gobierno y en esta semana ha presentado también a su equipo de transición y ha anunciado el itinerario de su primera gira internacional que realizará a partir del 2 de octubre por cinco países latinoamericanos: Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil.

El objetivo de esta primera gira es el de manifestar a América Latina la buena disposición que existirá en el nuevo Gobierno para las relaciones bilaterales y multilaterales, "sin hacer excepciones en las relaciones con otros países", señaló el nuevo coordinador del área de Relaciones Internacionales de Calderón, Arturo Sarukhán.

Calderón ha formado su equipo de personas con un mercado perfil panista. Se diferencia así de lo que en su momento hizo Vicente Fox, quien integró su equipo de transición con personas de diversas corrientes e ideas políticas.

En el equipo de Calderón se encuentran como miembros destacados además de Sarukhán, Juan Camilo Mouriño, antiguo subsecretario de Energía de Fox y ahora coordinador general de un grupo de 21 personas, y Eduardo Sojo, coordinador del Gabinete económico de Fox cuando éste fue gobernador de Guanajutato, como nuevo coordinador de Políticas Públicas en la Presidencia.

Otros nombramientos son los de Juan Molinar Horcasitas, que anteriormente fue coordinador de información y análisis político del Comité Electoral Central del PAN y fue consejero del Instituto Federal Electoral, como coordinador de los foros para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo, y el de César Nava como secretario particular de Calderón.

Ahora solo, falta por saber, todavía, si la inercia de la inestabilidad en que se ha visto sumido México en los últimos tiempos deja a Calderón llevar a cabo sus planes. El portavoz presidencial, Rubén Aguilar, lo tiene claro: "En este país estamos a años luz de la ingobernabilidad".