Lula ha querido distanciarse de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), a raíz del escándalo por chantaje que ha sacudido la credibilidad del líder de cara a las elecciones presidenciales brasileñas de este domingo. De esta forma, el mandatario brasileño responsabiliza al presidente del PT, Ricardo Berzoini, por la polémica del intento de compra de un dossier que implicaba a la oposición en un caso de corrupción.

En una entrevista concedida esta semana a tres radios de Sao Paulo y de Río de Janeiro, Lula responsabilizó el lunes pasado a Berzoini del escándalo desatado por el intento de adquirir por 860.000 dólares (673.000 euros) un dossier con acusaciones de corrupción contra el candidato socialdemócrata de la oposición al Gobierno del estado de Sao Paulo, José Serra.

Asimismo, Lula afirmó que los implicados en la compra de este documento son "un banda de locos". Tras la crisis por la tentativa de compra del dossier, Berzoini fue apartado de la coordinación de la campaña para la reelección de Lula y fue sustituido por Marco Aurelio García.

Mientras tanto, la oposición brasileña no ha escatimado en críticas hacia el mandatario brasileño, al que acusan de ser el "dedo podrido" que escoge a los responsables de los delitos que han escandalizado al país a pocos días de las elecciones.

Pero la polémica saltó de nuevo al ruedo cuando la policía brasileña anunció el miércoles que no podía detener a los seis sospechosos del escándalo debido a que la ley electoral vigente prohíbe las detenciones en los cinco días previos a las elecciones y hasta 48 horas después de los comicios, que se celebrarán este domingo, según ha informado la oficial Agencia Brasil.

Las seis personas implicadas en este son Freud Godoy, antiguo miembro del equipo de seguridad de la Secretaría de la Presidencia; Jorge Lorenzetti, ex asesor de medios de la campaña para la reelección de Lula; Oswaldo Bargas, del equipo responsable en la campaña por el programa de Gobierno para un eventual segundo mandato; Expedito Veloso, ex director de gestión del estatal Banco de Brasil e integrante de la campaña de Lula; Gedimar Passos, ex agente de la Policía Federal; y Valdebran Padilha, otro miembro del equipo de campaña de Lula.

La orden de detención de los sospechosos fue emitida el martes por la tarde por el Ministerio Público, lo que motivó las críticas del presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Roberto Busato, quien dijo que "ya se sabía que tales ordenes no podían ser cumplidas debido a la legislación electoral".

Dos de los sospechosos, el ex agente Passos y Padilha, fueron detenidos por la policía el 15 de septiembre en una habitación de un hotel en Sao Paulo con 770.000 dólares (606.000 euros) que, según las autoridades, iban a ser destinados al pago de unos informes que comprobarían que varios opositores socialdemócratas estaban vinculados en un millonario fraude en la venta de ambulancias a municipios.

A pesar de todo, la popularidad de Lula se ha mostrado intacta en las últimas encuestas, según las cuales el presidente revalidará su cargo en la primera vuelta con un 50% de los votos. Pero los últimos acontecimientos han erosionado la imagen del actual presidente y las consecuencias electorales de estos hechos son impredecibles.