Los planes energéticos de la Comisión Europea (CE) no dejan de ganar detractores. Ahora son los bancos de inversión los que se oponen y muestran su preocupación por las iniciativas que presentará el Ejecutivo comunitario en los mercados del gas y la electricidad.

Según este sector, el mercado en el que se comercializa la electricidad, el gas y sus derivados se asemejará al mercado de bonos y acciones con esta nueva normativa. La industria teme que este enfoque pueda crear un mercado excesivamente regulado y con muchas cargas, algo que podría mermar la liquidez. Tal y como recoge hoy Financial Times, seis organismos, entre ellos la Asociación de Banca de inversión de Londres y la Federación Europea de Comerciantes de Energía, han remitido una carta al Ejecutivo comunitario en la que expresan estas preocupaciones y en la que instan a Bruselas a mostrar argumentos que justifiquen las nuevas propuestas.

En opinión de estas asociaciones, no está razonado. La Comisión considera que las negociaciones en los mercados energéticos carecen de transparencia y es algo necesario para asegurar la competencia. Según los planes de Bruselas, todas las transacciones de gas y electricidad tendrán que comunicarse a los reguladores nacionales, incluyendo todo tipo de detalles, como el precio y la duración. El nuevo paquete legislativo está sujeto a revisión antes de su presentación.

Separación. Otro de los aspectos más polémicos del nuevo paquete legislativo que Bruselas tiene previsto presentar el próximo 19 de septiembre es la cuestión de la separación patrimonial de los grupos energéticos, tanto los europeos, como los extranjeros que operan en el mercado comunitario.
La Comisión pretende separar las redes de generación de las de distribución. Algo que cuenta con la oposición de algunos países como Alemania y Francia, que verían como sus grandes empresas (E.ON y EDF respectivamente) serían divididas.

Bruselas planea dos opciones para aplicar esta propuesta: obligar a las compañías a vender sus redes de transporte, o crear una empresa independiente a la que las compañías cedan la gestión de la distribución.