Chile: Lagos o Lavín. Dos políticas económicas

César Yáñez

Profesor titular de Historia Económica Mundial y de América Latina en la Universidad de Barcelona

Este artículo pretende contrastar el desempeño de la economía chilena durante los últimos diez años (1990-1999), en que el país sudamericano ha vivido una polémica transición a la democracia, con los resultados de la economía durante la época de la dictadura militar de Pincohet (1973-1989).

La comparación que se propone en este trabajo es importante, ya que ha sido habitual en los últimos años atribuir los logros de la economía chilena a la política económica aplicada durante el gobierno de Pinochet, cuestión dudosa, y también es relevante por el contexto preelectoral que se vive en Chile, ya que el próximo 12 de Diciembre se celebran elecciones presidenciales. En estos comicios, sin duda trascendentes para las expectativas de desarrollo de Chile, se enfrentan dos candidatos con opciones de acumular la mayoría de votos tras sus propuestas: Ricardo Lagos representa la coalición de centro-izquierda que ha conducido los gobiernos de la transición, en los que ha desempeñado las carteras de Educación y Obras Públicas durante los gobiernos de Aylwin y Frei respectivamente; y Joaquín Lavín, exalcalde de la elegante comuna de Las Condes, que reúne tras de suyo a los grupos políticos opositores que se identifican con el gobierno del General Pinochet.

La evolución del Producto Interior Bruto (PIB) durante los últimos diez años de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, demuestra un desempeño extraordinariamente positivo, con un promedio de crecimiento anual del orden del 6,7% entre 1990-1999, lo que comparado con los resultados de la etapa 1973-1998 (3,2%), refleja el acierto en el manejo económico durante los años de la transición. No hay antecedentes en la historia económica chilena de resultados mejores.

Además de los buenos promedios del PIB, cabe destacar la estabilidad de los índices de crecimiento, ya que en estos diez años no se ha bajado del 3 % de expansión del PIB, en comparación con la época anterior en que se jalonaron recesiones del -12,9 y -14,1% en los años 1975 y 1982 respectivamente con los años de bonanza. La exigencia de superar el atraso económico requiere de crecimientos constantes y de largo plazo, lo que al parecer se está cumpliendo mejor en la actualidad que en el pasado.

Ciertamente que el último año ha sido difícil para la economía chilena. Durante once meses el producto ha caído como consecuencia de la recesión de las economías asiáticas, hacia donde Chile envía una tercera parte de sus exportaciones, y el efecto acumulado de la reducción del precio del cobre, principal producto de exportación del país andino. También parece haber consenso en que el Banco Central aplicó un sobreajuste que ha retrasado la recuperación. Pero los indicadores del mes de septiembre anuncian la recuperación de la senda de la expansión del PIB y la creación de empleo, con la resultante reducción de las tasas de paro. El optimismo respecto del futuro viene avalado además por la opinión de Rudiger Dornbusch, principal experto del Massachussets Institute of Technnologie (MIT) en materia de economía internacional, quién en su reciente visita a Chile afirmó que había terminado el periodo recesivo, al tiempo que anunciaba el repunte de la inversión junto con la mejora de la competitividad de las exportaciones, producto de la revalorización del dólar.

Si el PIB se ha comportado de esta manera, la causa es el buen comportamiento de la inversión. En el periodo 1990-1999 la tasa de inversión anual como porcentaje del PIB se alzó al 27,9%, y consiguió niveles históricos entre 1995 y 1998, cuando la inversión superó la cota del 30% anual. En contraste, durante la época del gobierno militar la tasa de inversión anual llegó al 18,7% del PIB. En los años que lleva Chile de transición, la inversión ha sido casi un 50% superior al periodo precedente.

Es importante señalar, asimismo, que el ahorro nacional ha ganado importancia como componente de la inversión. Entre 1990 y 1999 la tasa de ahorro nacional llegó al 21,7 %, frente al 11,6 de la años 1973-1989. Es notable observar como, durante la época de 1980 a 1986 la inversión se financió mayoritariamente con ahorro externo, en comparación con el periodo 1990-1999 en que las inversiones han contado con un piso seguro en la capacidad de ahorro nacional, lo que sumado a la llegada de inversión extranjera han llevado la capitalización de Chile a niveles sin precedentes.

Las cotas de inversión logradas durante la transición son un indicador del buen funcionamiento del mercado de capitales durante los últimos diez años, y señal de la confianza que los empresarios nacionales y extranjeros han depositado en la institucionalidad económica chilena. No es un hecho de menor importancia el que Chile sea señalado como el país con menor corrupción en América Latina, y el que muestra mejores índices de "riesgo país" en la región, según las corporaciones internacionales encargadas de su medición.

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Por otra parte, la confianza ganada en la gestión económica ha tenido resultados a su vez en el control de la inflación, mal endémico en la historia económica chilena. Baste decir que hace 25 años Chile estaba en cotas de inflación que superaban el 300% anual (años 1974 y 1975), y que actualmente el IPC no supera el 3%. El declive en la tendencia de los precios ha sido gradual: entre 1974 y 1981 el IPC se situó en 96,4 % promedio, bajó al 19,7 entre 1981 y 1989, para situarse en el 10 % entre 1990 y 1999.

El verdadero relieve de la evolución histórica del IPC chileno se detecta comparando los precios con el PIB. Hasta 1990 el alza de precios superaba con mucho la expansión del producto, con efectos desastrosos cuando se combinaba recesión con inflación, como ocurrió el año 1982 en plena crisis de la deuda externa. Durante la transición, por el contrario, los planes de ajuste llevados a cabo por el Banco Central (institución independiente) consiguieron simultanear el control de la inflación con el crecimiento de la economía, logrando por primera vez en la historia que el PIB creciera más que los precios entre 1995 y 1997. Las previsiones actuales son que en el año 2000 el producto crezca en torno al 5 % y el IPC no suba del 3 %, renovando la tendencia apuntada tres años antes.

La acción del gobierno ha sido importante en el control de la inflación. La disciplina fiscal de los gobiernos de la transición ha sido ejemplar. Durante los últimos años, a excepción del presente ejercicio en el que se ha acusado la crisis asiática, el sector público ha tenido superávit en sus cuentas del orden del 2 %, lo que ha tenido efectos directos sobre la contención de precios, pero también indirectos, mediante el efecto de demostración que la disciplina pública ha tenido sobre el sector privado, estimulando el ahorro y potenciando el control de precios.

A pesar de la severidad aplicada al gasto público, los logros de la política social han sido importantes. La pobreza en los últimos diez años se ha reducido a menos de la mitad: en 1989, último año del gobierno militar, en Chile había un 44 % de familias con ingresos menores a la línea de pobreza, y en la actualidad se ha rebajado hasta el 20 %. Los salarios reales se han incrementado a una tasa promedio del 3,9 anual, mientras que durante la dictadura se incrementaron sólo al 2,3 % cada año. En lo que se refiere al salario mínimo, en términos reales en pesos de 1998, en 1973 era de 45.479 pesos anuales y en 1989 apenas alcanzaba a los 48.405 pesos, lo que representa un incremento del 6 % en 17 años; por el contrario, en 1999 el salario mínimo real llega a 87.029 pesos, lo que significa una mejora del 81 en una década a favor de los asalariados.

En el mismo sentido, a pesar de las restricciones presupuestarias que ha asumido el gobierno para contener la inflación, el gasto en salud, educación y vivienda

en 1998 era casi un 80 % mayor que en 1989. Incluso es posible observar que el gasto social durante la etapa de gobierno militar, pasó de 105,8 a 96,1 mil pesos de 1998 por habitante y año, signo de la escasa prioridad que el gobierno de Pinochet asignó a la solución de los problemas sociales. Por el contrario, en 1998, el gobierno gastó 177,7 mil pesos por habitantes en educación, salud y vivienda.

Desde el punto de vista económico, entonces, si en las elecciones del 12 de diciembre lo importante es decidir entre dos opciones de política económica que han tenido antes la oportunidad de demostrar su efectividad, parece obvio sostener la idoneidad de que la política económica aplicada durante los diez años de transición tengan continuidad.

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