Banqueros culpables de la crisis de Colombia, a la cárcel

"El que la hace la paga", dice Pastrana

Por Esther Ortega Gómez de Segura

El presidente colombiano, Andrés Pastrana, prometió el pasado 7 de febrero que encarcelará a los responsables de conducir a la banca estatal a una crisis sin precedentes en este país andino.

Al recibir un informe sobre las causas del derrumbamiento del sector financiero público en 1999, Pastrana dijo que "ya es hora de que entre nosotros los colombianos se haga realidad el viejo proverbio que dice que el que la hace la paga (...) y vamos a meter en la cárcel a los corruptos, estén donde estén".

Este documento, elaborado por la llamada "Cámara de la Verdad", destaca que los motivos que han hundido a la banca han sido la incompetencia, el descuido administrativo y la corrupción, no sólo de los administradores bancarios, sino también de los organismos responsables de supervisión que fueron incompetentes para castigar y prevenir prácticas ilegales en medio de una economía en profunda recesión. La "Cámara de la Verdad" está integrada por la Procuraduría (control disciplinario de los funcionarios públicos), la Fiscalía, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) y las Superintendencias Bancaria y de Valores, y ha investigado los resultados de la banca pública desde 1990 hasta 1999.

Fuentes oficiales informaron que el Estado abrirá juicios fiscales y penales contra más de 100 funcionarios y ex funcionarios públicos y banqueros de Colombia, que tendrán que responder con su propio patrimonio por las millonarias pérdidas que registró el sector financiero el año pasado.

El informe oficial establece que miles de "privilegiados" se embolsaron grandes cantidades de dinero a través de préstamos que fueron "seleccionados prácticamente a dedo o por recomendación de políticos", sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos, sólo porque los beneficiados eran amigos de los funcionarios de turno.

Por su parte, las entidades de supervisión de los bancos públicos "hicieron la vista gorda" ante las irregularidades en la concesión de créditos y en la adjudicación de contratos.

Las entidades financieras que están en manos del Gobierno de Colombia son: el Banco Agrario (antes llamado Caja Agraria), el Banco Central Hipotecario (BCH), el Banco del Estado (Banestado), el Banco Cafetero y el Granahorrar.

Las cifras del desastre. La banca pública ha contabilizado el 80% de las pérdidas totales del sistema financiero de Colombia en 1999, que ascendieron a 1.500 millones de dólares (1.530 millones de euros). El Banestado, el Banco Agrario, el Banco Central Hipotecario (BCH), el Banco Cafetero y la compañía de seguros La Previsora, fueron las entidades estatales que más pérdidas arrojaron.

El coste del salvamento de la crisis, que el Gobierno ha calificado de "estruendosa", fue de 2.093 millones de dólares (2.113,9 millones de euros), lo que representa un 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia, según informó el pasado 9 de febrero el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).

El desastre financiero se está intentando paliar ahora a través del impuesto del dos por mil (cobrado por los bancos a sus clientes por las transacciones realizadas), el cierre de entidades bancarias públicas (como la Caja Agraria o el Banco Central Hipotecario), el despido de funcionarios públicos e indemnizaciones millonarias a los afectados.

El pasado mes de diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó a Colombia un crédito de 2.700 millones de dólares (2.754 millones de euros) con la condición de que todos los bancos públicos del país sean privatizados antes de que finalice el año 2001.

Varios analistas colombianos consultados por América Económica consideran que la privatización de las entidades públicas será la única solución posible para que Colombia salga de la grave crisis en la que se encuentra.

Germán Camacho, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), cree que "el Gobierno debe buscar mecanismos efectivos para vender los bancos públicos a inversores que sepan asumir la actividad financiera, ya que el Estado ha demostrado que no sirve para ser banquero". Camacho afirma que la debilidad del sector bancario estatal "no es reciente, viene de tiempo atrás, pero se ha puesto de manifiesto ahora que todo el sector financiero se enfrenta a una grave crisis".

Camacho destacó que el Gobierno debe tomar decisiones "con la cabeza fría. No vale con decir ahora que todo es malo y corrupto dentro de la banca pública; sería lamentable una caza de brujas. Donde haya responsables, a por ellos, pero no hay que meter en el mismo saco a todos los banqueros del sector público".

La Superintendencia Bancaria de Colombia también opina que es necesaria la privatización de los bancos del Estado. "Al Gobierno no le interesa quedarse con ningún banco porque no le ha ido bien como banquero. Ya ha empezado a sanear los bancos afectados, está inyectando mucho dinero en ellos para luego ponerlos a la venta", explicaron fuentes de esta Superintendencia a América Económica. El único banco que el Estado conservará será el Agrario, porque presta servicios a las regiones que se dedican a la agricultura y éstas son las más necesitadas de la ayuda del Gobierno.

Nombres propios. Los ex presidentes de la Caja Agraria, Benjamín Medina y Sigifredo Ardila, están siendo juzgados porque la Contraloría de Colombia ha descubierto que faltan 16.732 millones de pesos (8,7 millones de euros) de las arcas de la entidad. Cuando la Caja Agraria fue liquidada y posteriormente cerrada, sus funcionarios aprovecharon para apoderarse del dinero que quedaba en ella y trataron de ocultar las irregularidades que habían cometido en el pasado.

El informe de la "Comisión de la Verdad" establece que más del 70% de los deudores morosos de esta caja desarrollan actividades "que nada tienen que ver con el sector agrario".

Entre 1997 y junio de 1999, el BCH registró pérdidas de 672.000 millones de pesos (351,9 millones de euros), según un informe presentado por su presidente, Rafael Pérez Martínez. La "Comisión de la Verdad" ha revelado que entre 1995 y el año pasado, el BCH otorgó créditos ilícitos por 10.963 millones de pesos (5,7 millones de euros), correspondientes a préstamos inexistentes, sobregiros autorizados sin tener competencia así como falsificación de cheques de gerencia y cédulas hipotecarias, entre otras cosas.

Por su parte, las autoridades colombianas han abierto juicios contra los ex presidentes del Banco del Estado, Henry Avila y Camilo Arturo Cabal, por irregularidades en la asignación de créditos que ascienden a un total de 4.051 millones de pesos (2,1 millones de euros). Entre los investigados también se encuentran el ex embajador de Colombia en México, Diego Pardo Koppel, que obtuvo un préstamo irregular de esta entidad bancaria de 400 millones de pesos (209.481 euros) y tres altos directivos de Banestado (entre ellos, Darío María Restrepo), sospechosos de haberse apropiado más de 30.000 millones de pesos (15,7 millones de euros) a través de fideicomisos y sobreevaluaciones de bienes.

Nota: Camilo Arturo Cabal ha contactado con Americaeconomica.com en abril de 2005 para asegurar que nunca ha sido objeto de sanción por ninguna entidad de control colombiana, como la Superintendencia Bancaria ni por la Procuraduría General, asi como tampoco por la Fiscalía, ni la Contraloría General de la República de Colombia.

CLB BYS 08/02/00