La inversión directa en América Latina y sus repersusiones en el poder político

César Yañez (*)

El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la inversión extranjera en la región pone de manifiesto que, a pesar de que los años 1998 y 1999 han sido difíciles por el efecto de la crisis financiera internacional, la región ha seguido recibiendo cantidades crecientes de Inversión Extranjera Directa (IED). Una mirada a las cifras de la segunda mitad de la década de 1990, deja ver que entre 1995 y 1999 la IED se ha incrementado en un 166 %, pasando de 32.182 millones de dólares a 85.920 millones de dólares según estimaciones aportadas por los Bancos Centrales latinoamericanos a Cepal.

Ingresos netos de Inversión Extranjera Directa en América Latina 1995-1999

Fuente: Cepal. Datos en millones de dólares.

Sin embargo, no toda la región se ha beneficiado por igual de los flujos de IED. Las economías grandes, Argentina, México, Chile y sobre todo Brasil, concentran el 82 % de las inversiones de la región, como señala Cepal. Cabe destacar que son esos países, eliminando México y agregando Bolivia, los que han concentrado la expansión de la IED durante los últimos 5 años. Por el contrario, en Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, los restantes países de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la IED se ha estancado o ha decrecido.

Resulta evidente que las economías grandes representan una mejor oportunidad para la penetración de las empresas transnacionales, por la dimensión de sus mercados y su capacidad exportadora, así como por la escala de sus procesos de privatización y fusiones empresariales. Pero vale la pena llamar la atención sobre factores de gobernabilidad que pudieron también incidir sobre los flujos de inversión internacional.

Después de todo, Chile es una economía de tamaño medio en América Latina y ha pasado de recibir 2.957 millones de dólares a 8.900 millones, y Bolivia que es una economía pequeña lo hizo de 393 a 800 millones de dólares. Todo sugiere que lo que buscan los inversores internacionales son condiciones de seguridad y confianza para tomar sus decisiones. El caso brasileño, por ejemplo, que podría haber sido castigado por los inversores después de la devaluación a la que fue obligado el real por los ataques de especuladores, salió fortalecido del proceso por la credibilidad de su política económica y de sus reformas estructurales. Argentina podría aprender la lección, en términos de la capacidad para gestionar procesos de devaluación del tipo de cambio sin grandes perjuicios para la economía.

Confirma esta hipótesis lo ocurrido en países como Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, donde la inestabilidad política ha transmitido a los mercados internacionales incertidumbres y desconfianzas que se han dejado notar en el declive de los flujos de IED en esas direcciones. Esto es todavía más importante en un contexto de expansión de la inversión extranjera en el mundo entero. Si la IED ha declinado de manera brusca en países como Colombia, Venezuela y Perú, consideradas economía de tamaño medio en la región, esto se debe relacionar sobre todo con las condiciones de inestabilidad institucional, mucho más que por la dimensión de sus economía o las políticas económicas de esta coyuntura.

La modalidad de la inversión extranjera directa llegada a América Latina en el último año revela los nuevos desafíos para el modelo de desarrollo económico adoptado y las implicaciones que para la gobernabilidad plantea el nuevo panorama. La Cepal informa al respecto que "la IED que ingresó a la región durante 1998 y 1999 mantuvo su composición de alrededor del 60% para la creación de nuevos activos y un 40% para la compra de activos existentes".

A América Latina le interesa que cada vez la inversión extranjera se oriente más a la creación de nuevos activos. Eso significa mejorar las capacidades productivas de la región, como esta ocurriendo con las inversiones industriales de EEUU en México, y que Michael Mortimore resume en la creación de actividades empresariales competitivas, incremento de las exportaciones, colaboración en el equilibrio de la balanza de pagos mexicana y creación de empleo. Algo parecido ocurre con la inversión extranjera que se instala en Chile para explotar sus riquezas naturales, cobre y silvicultura especialmente. Sin embargo, se echa de menos el fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la región, cuando se habla de la renovada oleada de IED. Existe el riesgo de que se reproduzcan experiencias históricas del tipo de las economías de enclave, donde la inversión extranjera llegada a América Latina lo hacía atraída por sus recursos naturales y las condiciones favorables de acceso a mano de obra barata, a pesar de su relativamente alto nivel de formación.

La inversión extranjera es decisiva para sostener el crecimiento económico latinoamericano, condición indispensable para plantearse metas más altas en cuanto a desarrollo. En ese sentido, las autoridades de la región deben tener conciencia de que las políticas orientadas a captar el ahorro internacional deben ir acompañadas de incentivos a actividades productivas capaces de generar eslabonamientos tecnológicos hacia el interior de las economías de América Latina. La IED habrá sido un aporte real al desarrollo cuando los recursos llegados a la zona hayan generado actividades que eleven la capacidad tecnológica endógena de los países receptores, cuando el progreso sea transmitido mediante eslabonamientos empresariales hacia actividades nuevas. Esa inversión será realmente útil cuando haya desaparecido el riesgo que representan las economías de enclave, que disfrutan de las ventajas transitorias de la localización, pero no dejan una huella de progreso capitalizable a través de unas generaciones a otras.

Lo anterior es válido para ese 60% de la IED que representa la inversión en nuevos activos. El 40% restante corresponde a las fusiones empresariales y los procesos de privatización que están en marcha en América Latina. En buena medida el papel dominante de Brasil en la actualidad, se debe a que este país ha entrado más tarde a las ofertas internacionales de empresas públicas. Pero lo relevante en términos de gobernabilidad de los mercados es el hecho de que en este caso los capitales extranjeros están entrando con fuerza en el sector de los servicios de bienes públicos.

A diferencia de las actividades extractivas e industriales sencillas, proclives a generar economías de enclave, los servicios, caracterizados por las telecomunicaciones, la producción y distribución de energía (petróleo, electricidad y gas), servicios financieros de todo tipo (seguros, cuentas corrientes, depósitos a plazo), carreteras y puertos, etc., tienen una fuerte incidencia en la vida de los ciudadanos, que son consumidores finales de los servicios prestados por las empresas transnacionales instaladas en la región. Por ello, cada día es más importante el fortalecimiento de la capacidad reguladora del Estado, al que corresponde la obligación de establecer tarifas y regular las condiciones en que se prestan los servicios privatizados. Por ese motivo, se espera que la empresa internacional no solamente importe a la región los capitales y la capacidad de gestión, sino que también realice una aportación importante al buen funcionamiento de los mercados, siendo un elemento de fortalecimiento institucional de la competencia y transparencia en la gestión de las empresas.

Tanto como lo anterior, y teniendo en cuenta la experiencia de formación de grupos de presión en torno a los grandes conglomerados empresariales, es importante que las empresas internacionales guarden una puntillosa neutralidad respecto a los procesos políticos en marcha, evitando que sus recursos sean utilizados en el campo de la competencia electoral a favor de determinados sectores en perjuicio de otros. Donde no existen leyes que regulen el financiamiento de los partidos políticos, las grandes empresas pueden verse tentadas a influir sobre las autoridades mediante el financiamiento informal de las campañas electorales o dando respaldo financiero a determinadas opciones del arco político. La neutralidad en estos casos, debería ser un criterio dominante en la cultura empresarial, mientras no se regule de manera democrática la financiación de las actividades políticas.

(*) Profesor titular de Historia Económica Mundial y de América Latina en la Universidad de Barcelona.