Argentina recibe con recelo el exámen del FMI

Por Fernando Jiménez González

El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, no está viviendo precisamente su mejor momento en lo que a política social se refiere. Dos asuntos son los que traen de cabeza a su Gobierno, sobre todo al Ministerio de Economía. Uno es el agravamiento de la situación social debido a los ajustes fiscales exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha provocado la convocatoria de una manifestación por parte del sector radical de la Confederación General del Trabajo (CGT). Otro es la reacción en parte del sector sindical frente a la nueva reforma laboral recientemente aprobada por el Parlamento y el Senado argentino. Horst Köhler, flamante director gerente del FMI, ha visitado esta semana Buenos Aires para tratar con De la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea, asuntos relacionados con el cumplimiento de las metas fiscales impuestas por la institución financiera internacional. La llegada de Köhler a suelo bonaerense ha sido calificada por las autoridades argentinas como "protocolaria". Lo cierto es que esta visita es el preludio de otra quizás más decisiva para el destino económico de los argentinos, ya que para finales de mes está prevista la llegada a Argentina de una delegación del FMI. El objetivo de esta comitiva será revisar las cuentas fiscales del Estado y comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo argentino para la obtención de créditos financiados por el FMI.

Tijeretazos fiscal. Para cumplir las exigencias del Fondo, Fernando de la Rúa tuvo que comenzar su mandato con una severa política de ajuste fiscal que tenía como objetivo reducir un 36% el déficit público hasta 4.500 millones de dólares (4.995 millones de euros) este año. Al recorte del gasto público de 1.800 millones de dólares (1.998 millones de euros) decidido por De la Rúa nada más llegar al poder el pasado diciembre hay que sumar ahora uno nuevo de 600 millones de dólares (666 millones de euros) consecuencia de la supresión de algunas oficinas públicas, anunciado por el vicepresidente del país, Carlos Alvarez. El Gobierno de Argentina considera que ya se ha cerrado el grifo de los grandes recortes. Por eso el propio presidente ha dicho que ya no se puede pedir más esfuerzos a los ciudadanos. "Nos preocupa la problemática social, algo que los organismos internacionales deberían tener en cuenta", dijo De la Rúa. Por su parte, Carlos Alvarez ha reconocido que la subida de los impuestos aplicada al poco de iniciarse la nueva legislatura "no logró su objetivo inmediato de resolver el déficit". Ante esta situación, el sector más exaltado de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado una manifestación el próximo día 31 de mayo, para protestar por la visita del equipo del FMI. El secretario general y representante del ala moderada de la CGT, Rodolfo Daer, ha accedido a entrevistarse con Köhler para entregarle "un documento muy duro, porque el pueblo argentino no soporta más ajustes".

La reforma de la discordia. La división en el seno del sindicato peronista CGT tiene que ver, no obstante, con la Reforma Laboral aprobada por el Congreso la pasada semana. Mientras que el sector "oficial" acabó plegándose al proyecto elaborado por el Gobierno, los radicales liderados por Hugo Moyano consideran que esta reforma es la gota que colma el vaso de los despropósitos sociales del Ejecutivo. La nueva ley del trabajo contemplaba, entre otras cosas, la ampliación del periodo de prueba de los trabajadores y relegaba la importancia de los sindicatos en algunos casos de negociación colectiva. Aunque el proyecto aprobado atenúa algo las pretensiones iniciales del Gobierno, por las enmiendas introducidas por el Senado (de mayoría justicialista), la esencia de la reforma sigue siendo la misma.

RGT