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Año XVIII - Madrid, Jueves 27 de Abril de 2017
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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

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Pese a los nuevos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia venezolano

Maduro mantiene la potestad de aprobar empresas mixtas petroleras
David Penado / 03-04-2017
Aparentemente, el Gobierno venezolano ha sufrido un revés en los últimos días en medio de la escalada de ese choque de fuerzas con la oposición, en control del poder legislativo, que cada vez divide y polariza más al país. Así, este mismo fin de semana, el propio presidente Nicolás Maduro pedía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar el fallo por el que éste órgano asumía las competencias de la Asamblea Nacional (AN), además de dejar sin efecto todas las decisiones del legislativo desde enero de 2016.

Una decisión que había sido definida casi unánimemente tanto desde los organismos multilaterales como desde las principales cancillerías como golpe autoritario por lo que suponía de ruptura con la división de poderes; y que incluso figuras claves del regimen bolivariano como la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, habían calificado de "ruptura del orden constitucional".

De esta forma, este sábado 1 de abril, mediante dos nuevos fallos, las sentencias 157 y 158, el TSJ devolvía las competencias legislativas a la Asamblea Nacional y restablecía la inmunidad parlamentaria de sus miembros. Además, anulaba los poderes excepcionales otorgados a Maduro para legislar contra la delincuencia organizada, terrorismo y corrupción, así como para revisar el código penal y el de justicia militar.

Sin embargo, la realidad es que sí se mantiene en vigor el aspecto de las sentencias que podría ser más decisivo para la supervivencia a corto y medio plazo del actual Ejecutivo, como es el apartado 4.2 del fallo 156. Aquel que establece que "resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones".

Es decir, el TSJ mantiene, en esencia, el dictamen que motivó su sentencia 156 ya que ésta llegaba después de un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que solicitaba que se interpretase el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos a la luz del artículo 187 de la Constitución. O lo que es lo mismo, si el Gobierno podía o no firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

Y así, pese al paso atrás del TSJ en los aspectos señalados; lo cierto es que, tal y como deseaba, CVP, que controla y administra los negocios que PDVSA tiene con otras empresas petroleras de capital nacional o extranjero, podrá proceder a la constitución de empresas mixtas sin contar con la Asamblea Nacional. Una jugada maestra en el contexto de necesidad de divisas del país que podría ser precisamente la tabla de salvación de su Gobierno al encontrar la forma de financiar su gasto corriente. Al menos en el corto plazo.

Quizá por ello, desde la oposición venezolana, ya se han apresurado a alertar a las empresas extranjeras de que, en el caso, de materializar acuerdos con el actual Gobierno venezolano; para ellos, no tendrían validez. Es el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien ha advertido a las compañías extranjeras que no hagan acuerdos con el gobierno chavista ya que, para ellos, no tendrían validez.

Una advertancia que también ha sido realizada por el vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Congreso venezolano, Elías Matta, quién además ha venido a coincidir en interpretar los movimientos de los últimos días en ese mismo sentido de la "desesperación por (obtener) dólares" que tendría el Gobierno venezolana, según declaraciones que recoge Reuters.

Un panorama en el que parece existir un cierto consenso entre los analistas en que si bien las operaciones que las empresas extranjeras firmasen con el actual Gobierno venezolano serían formalmente legales, quedarían comprometidas ante un eventual cambio en el Ejecutivo por todo lo que ello implicaría dadas las particularidades de la situación venezolana.

No obstante, si bien dicha falta de seguridad jurídica no es la mejor y sería suficiente para espantar la inversión internacional en un sector convencional; hay que recordar que precisamente las empresas del petróleo no están desacostumbradas a moverse en entornos geopolíticos convulsos. Así las cosas, PDVSA ya ha estado cerca en los últimos meses de concretar nuevas operaciones a través de la constitución de empresas mixtas, siendo la AN el principal impedimento.

Por ejemplo, según Reuters, la petrolera rusa Rosneft habría recibido una oferta por la que obtendría el 10% de las acciones en la empresa mixta Petropiar, en la que Pdvsa tiene un 70% de participación y Chevron el resto. Y el diputado de la oposición Elías Matta, miembro de la Comisión Petrolera de la Asamblea Nacional, ha señalado también que también hay empresas rusas y chinas interesadas en entrar en "yacimientos listos para el desarrollo".

La propia Rosneft pagó 500 millones de dólares el año pasado por incrementar su participación en la 'joint venture' de Petromonagas del 16,7% al 40%. Una serie de operaciones que, de seguir confirmándose en los próximos meses, ratificarán que el verdadero sentido de los fallos del TSJ de los últimos días no son precisamente aquellos que han recibido la parte principal de la luz de los focos de la atención internacional.



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